Urgencias fiscales

LA REFORMA de los impuestos sobre la renta y el patrimonio que está elaborando el Gobierno no ha venido acompañada del debate público que requeriría una modificación de tanto calibre económico para la vida de los ciudadanos. Sólo ha habido atisbos de polémica e intervenciones menores ante las intenciones del Ministerio de Hacienda, no propuestas de alternativas globales. Claro que ello era dificil ante las ¡das y venidas de los diferentes proyectos hechos públicos, ante las contradicciones entre unas y otras intervenciones de los mismos responsables del departamento. Es más que posible que dichos responsables hayan lanzado los mensajes antinómicos con la intención de conocer los costes políticos que cada una de las modificaciones tendría entre los ciudadanos en general. El resultado no puede ser más descorazonador: la inseguridad jurídica, que ya era manifiesta antes de proponer esta reforma, se ha instalado como categoría en el sistema impositivo español.Una de las razones que más han contribuido a la incertidumbre ha sido la urgencia en los últimos tramos de la elaboración de la reforma. En total, poco más de un mes desde que el Libro Blanco sobre la reforma fiscal ha sido discutido por el Consejo de Ministros (el pasado viernes 8 de junio), hasta la fecha del 15 de julio, fijada como límite del debate, antes de que los proyectos entren en el Parlamento. Las leyes fiscales precisan un elevado grado de aceptación por los contribuyentes; la conciencia fiscal y su cumplimiento van muy ligados a la identificación con la justeza de las normas tributarias. No hay que olvidar que precisamente el origen de los Parlamentos está ligado a la votación por los representantes populares de los tributos solicitados por los soberanos.

La reforma actual viene condicionada por cuatro elementos básicos: necesidad de adecuar el impuesto a la sentencia del Tribunal Constitucional del 20 de febrero de 1989 que establece que los ciudadanos no deben soportar una mayor carga fiscal por razón de matrimonio; armonización de la legislación fiscal sobre renta con la existente en los países europeos; profundización en la lucha contra el fraude fiscal, y acabar de una vez por todas con la tendencia al dinero negro, que genera el crecimiento de la economía golfa.

Con respecto al primer punto parece que ya no le queda ninguna duda al Ejecutivo de que es precisa una ley que garantice el mismo trato fiscal al contribuyente con independencia de su estado civil. En cuanto al segundo, hay dos hechos dominantes en Europa: una disminución de la progresividad y, al mismo tiempo, un aumento de la base del impuesto. En el caso de la progresividad, la atención se ha centrado excesivamente en la necesidad de reducir el tipo marginal o máximo. Es cierto que el tipo actual del 56% a partir de rentas de 8,2 millones desincentiva la declaración de todas las rentas y, por tanto, es una involuntaria invitación al fraude, pero éste no es el problema principal: en 10 de los 12 países europeos el tipo máximo es superior o igual al 50%. Una moderación ajustada de la progresividad debería centrarse sobre todo en un ensanchamiento de la actual escala, de forma que el incremento de los tipos fuera más liviano y los tipos máximos no se aplicaran hasta rentas superiores a los 8,2 millones citados. En relación con la progresividad no puede pasarse por alto el reciente malestar provocado al conocerse la posibilidad de que Hacienda elimine la desgravación de intereses por la compra de la vivienda habitual. Sería injusto suspender la aplicación de una ventaja fiscal en virtud de la cual se tomaron determinadas decisiones económicas. Pero hay que reconocer abiertamente que el sistema actual es regresivo. No hay razón por la que un contribuyente con ingresos superiores a los ocho millones de pesetas pueda desgravar el 56% de los intereses que paga y que otro que sólo ingrese dos millones sólo pueda desgravar el 28%. Sería más justo que ambos pudieran desgravar en la misma proporción. De la misma forma que debería establecerse, tal como se ha anunciado, que las rentas pagadas por alquileres tengan el mismo trato que las empleadas en la compra de una vivienda.

La lucha contra el fraude sigue siendo el reto esencial de la fiscalidad. Es insultante el elevado número de profesionales y empresarios de este país que declaran rentas anuales próximas al millón de pesetas. En este campo los cambios son urgentes, entre ellos un replanteamiento del concepto de delito fiscal -o quizás de toda su configuración penal- y la adecuación del aparato inspector a los nuevos tiempos, con mayores efectivos y mejor remunerados.

Finalmente, la reforma debe encontrar una salida para el dinero negro. Ésta es una cuestión en la que difícilmente podrá encontrarse un fórmula justa; una regularización fiscal siempre resultará discriminatoria para quienes declararon todo en su momento, pero también es urgente parar la dinámica de ennegrecimiento de las relaciones económicas de la vida española.

Tal como están las cosas, las soluciones son del Parlamento. La reforma fiscal es un elemento único para ennoblecer sus contenidos y lograr que lo que allí se apruebe conecte con lo que entiende la ciudadanía de la justicia fiscal y con las necesidades de la Hacienda pública. Para mucho tiempo.