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El Gobierno catalán observa regularidades en un internado femenino del Opus Dei

Francesc Valls

El Departamento de Enseñanza de la Generalitat de Cataluña ha observado "indicios claros de un funcionamiento anormal" en el instituto de formación profesional Centro de Estudios El Vallès, internado femenino propiedad del Opus Dei situado en la localidad de Sant Cugat del Vallés, cercana a Barcelona.

Las irregularidades se relatan en el informe elaborado por la Administración catalana, que en los próximos días decididirá si sanciona o no al centro, con medidas que pueden ir desde la cancelación del concierto escolar con la Generalitat, a la retirada de licencia, pasando por un apercibimiento de cierre.El expediente administrativo se abrió a raíz de la denuncia presentada en octubre del año pasado por Nicolás Saiz, padre de una alumna, Gemma Saiz Broch, que ingresó el Opus Dei al cumplir la mayoría de edad y mientras cursaba estudios en el centro en cuestión.

La familia de la joven acusa al Opus Dei de hacer proselitismo con las alumnas de El Vallés para que ingresen "como numerarias auxiliares, criadas de los dirigentes de la Obra", según los padres. La prelatura, ante estas acusaciones, ha afirmado que "la formación cristiana que se da en instituciones de la Iglesia, como el Opus Dei, no tiene nada que ver con la manipulación mental; es siempre una educación para la libertad".

En todos estos asuntos no entra el citado informe de Enseñanza, que se limita a señalar, entre otras cosas, que en el internado donde se estudia formación profesional de segundo grado, especialidad de Economía sociofamiliar, se ha observado una serie de irregularidades tales como: falta de archivo de exámenes o pruebas; boletines de calíficación sin firma de recepción de los padres o de las alumnas mayores de edad y actas de evaluación sin firmar.

El informe agrega que en las encuestas hechas a las estudiantes figuran los nombres de tres personas que no constan en la relación de profesorado.

Las alumnas de cada curso que asistían a clase durante una inspección eran las que figuraban matriculadas, con la excepción de una que "estaba de guardia en la portería". Tampoco el procedimiento de concesión de plazas se ajusta a la normativa existente, en este centro donde estudian 32 alumnas. Fuentes de la dirección del centro -con las que ayer por la tarde no fue posible contactar- reiteraron el pasado mes de enero que se "cumplen los requisitos legales y que la enseñanza está regulada oficialmente".

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