El desconcierto del campo

LAS MOVILIZACIONES que vienen realizando los campesinos en los últimos tiempos ponen de relieve el malestar que existe en determinados segmentos del campo español y la escasa capacidad de la Administración para encontrar fórmulas de solución a sus más candentes problemas. Las brutales cargas efectuadas por la policía el pasado sábado contra los manifestantes concentrados en Madrid podrían ser un síntoma de esa incapacidad, pero, como señalaron ayer algunos de sus representantes, las cuestiones de fondo no deberían ahora quedar oscurecidas por un debate exclusivamente centrado en los métodos de movilización y la respuesta represiva de las fuerzas de orden público.Los análisis tradicionales que insisten en mantener viva la contradicción campo-ciudad como expresión de la oposición entre atraso y desarrollo están fuera de la realidad. La agricultura española está intentando un importante esfuerzo de modernización, con logros patentes en algunos aspectos, a los que sin duda ha contribuido la actual política agraria.

Tampoco sería acertado atribuir las duras condiciones en que subsiste un importante número de familias agrarias al aumento de competitividad que ha supuesto la incorporación a la Comunidad Europea (CE). Las subvenciones a fondo perdido que canalizan el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas han pasado de los 58.824 millones de pesetas en 1982 a los 324.481 millones en 1989, lo que ha sido posible merced a las transferencias recibidas de los organismos comunitarios y que en 1990 supondrán un total de 292.976 millones de pesetas. En cuanto al aumento de la competitividad resultante de la incorporación a la CE, se trata de un proceso que más pronto o más tarde se habría producido de todas las maneras por efecto de la propia dinámica del comercio internacional, y frente al que ya no caben las viejas recetas proteccionistas esgrimidas por los sectores más conservadores del agrarismo español.

Por otra parte, las cifras del sector revelan un crecimiento sostenido compatible con la existencia de desequilibrios profundos. En el periodo 1986-1989, la producción final agraria creció un 2,4% en España frente a un descenso del 0,7%. en los demás países de la CE. Pero en ese periodo se contabilizan retrocesos de hasta el 7% (en 1986) y aumentos de hasta el 9,2% (en 1987). La renta agraria por ocupado creció en ese periodo el 5,5%. en España, mientras que la media de la CE fue del 3,4%. Sin embargo, buena parte de ese crecimiento se debe a la disminución del número de ocupados. Y éste es el problema de fondo del campo español.

En 1989, el sector expulsó a 114.000 personas, que en su mayor parte se vieron obligadas a buscar empleo en otras actividades. Una cifra muy superior a la de los dos años anteriores, en los que abandonaron el campo 40.300 y 28.600 personas, respectivamente. Pero cuando se habla de familias expulsadas del sector hay que recordar que es un proceso imparable en el que van cayendo los más débiles, es decir, quienes poseen las explotaciones más pequeñas y menos capitalizadas. La cuestión es especialmente grave, porque es un fenómeno que no ha concluido. El campo español ocupa actualmente al 12,67. de la población activa, porcentaje muy superior al de los otros países comunitarios: República Federal de Alemania, 8%; Francia, 7% Italia, 10%; Reino Unido, 1%.

Este problema estructural es el más serio que sigue teniendo la agricultura española y al que habría que destinar mayores esfuerzos y recursos. En la búsqueda de salidas menos traumáticas, la Administración debería anticiparse con medidas orientadas a reducir la tensión en los sectores más castigados. Hasta el momento, la práctica dominante ha sido la contraria. Las autoridades han actuado como apagafuegos a medida que iban estallando los conflictos, pese a que se trataba de situaciones conocidas de antemano y frente a las que no se reaccionó a tiempo. El riesgo de la política seguida es que estimula una espiral desordenada de reivindicaciones subsectoriales, contradictoria con cualquier planteamiento racionalizador de las ayudas. De ahí la urgencia de un proceso de concertación entre la Administración y las organizaciones agrarias. Hasta la fecha, esta concertación no ha fructificado por la manifiesta falta de habilidad de la Administración y la ausencia de un programa concreto de los sindicatos agrarios., Dos factores que deben ser modificados cuanto antes.