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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Relevo anómalo

EL RELEVO en la Secretaría General de la Presidencia de la Generalitat está resultando anómalo. En primer lugar, por su origen: la dimisión de Lluís Prenafeta se anunció el pasado 9 de marzo, al poco de conocerse el inicio del llamado caso Prenafeta -la apertura por el fiscal. de unas diligencias sobre la presunta irregularidad en el ejercicio simultáneo de responsabilidades públicas y cargos privados-, aunque oficialmente se adujo que nada tenía que ver una cosa con otra.Anómalo, en segundo término, por su lento desarrollo: el secretario saliente afirmó que se iba para ocupar un puesto importantísimo -todavía ignotoen la empresa privada y que su abandono de la política era "definitivo", y ahora resulta que el abandono no era tan definitivo y que Prenafeta seguirá desempeñando con carácter permanente funciones públicas (el contacto de la Generalitat de Cataluña con la Casa Real y la organización de los viajes al extranjero de Jordi Pujol) desde su despacho privado.

Anómalo, en tercer lugar, por su desenlace: Pujol no ha encontrado persona más idónea para sustituir al secretario de Pujol que a otro Pujol, un primo suyo. Cuando algunos tratan de repartirse en vida la herencia política del líder nacionalista, éste les advierte y cierra filas en torno a sí mismo nombrando a una persona de su círculo familiar íntimo, lo que nada prejuzga sobre la valía profesional del nuevo secretario, pero preocupa por constituir un expediente que está debidamente clasificado en los manuales de derecho político.

De entre todas estas apasionantes anomalías destaca, por haberse presentado como si fueran algo cotidiano y por tanto irrelevantes, una serie de aplicaciones prácticas de las sorprendentes funciones de Prenafeta: a partir de ahora, el secretario de la Casa Real española o el del emperador de Japón, si desean no interrumpir su normal diálogo con el Gobierno de Cataluña, deberán conversar con un ciudadano particular, industrial privado y comerciante, financiero y asegurador por cuenta propia, irresponsable ante Parlamento o Gobierno alguno. A partir de ahora, alguien sin mandato institucional correctamente establecido recorrerá las cancillerías del mundo en representación de Cataluña. Si este designio se consuma, se habrán traspasado los límites razonables de la privatización para anular de hecho las mínimas bases sobre las que debe desarrollarse la función pública en un Estado moderno.

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