Los ministros de Trabajo de la excluyen a los inmigrantes del exterior del texto contra el racismo

, Los ministros de Trabajo de la Comunidad Europea (CE) aprobaron ayer en Bruselas una resolución contra el racismo y la xenofobia en la que se excluye a los inmigrantes de países no comunitarios, el verdadero problema de esta política de protección. El texto llevaba cuatro años esperando su aprobación. La Comisión Europea no apoyó la resolución porque "ha diluido sustancialmente su propuesto y suprimido la referencia a "los nacionales de países terceros".

La resolución da respuesta al compromiso adquirido en 1986 por las tres instituciones de la CE -el Consejo de Ministros, la Comisión Europea y el Parlamento de Estrasburgo- para luchar contra el racismo y la xenofobia. La propuesta de la Comisión fue elaborada en 1988 y no pudo ser aprobada bajo presidencia griega. La postura favorable de los cuatro países del sur (Italia, España, Grecia y Portugal) se encontró entonces con el rechazo de los del norte, incluida Francia. Ayer, con cuatro años de retraso, se aprobó por fin un texto alternativo. Luis Martínez Noval, ministro de Trabajo español, en su primera presencia en una reunión de la Comunidad, explicó que la votación española a favor de la decisión adoptada ayer se explica como "el apoyo al único acuerdo posible". "España", según colaboradores del ministro, "siempre ha defendido el texto de la Comisión", que finalmente resultó rechazado. Sin embargo, cada Estado es libre de proteger por igual a todos los emigrantes, sea cual sea su origen.

Próximas medidas

El ministro anunció que en los próximos meses se tomarán medidas "para precisar un poco más la política de inmigración". Rechazó la conclusión del informe encargado por la Comisión Europea (véase EL PAÍS del pasado sabado), en el sentido de que España destaca por tener una política de emigración, pero a la vez por no haberse preocupado jamás del fenómeno contrario, el de la inmigración. "Ya tenemos. una inicipiente política de inmigración aunque se trata de profundizarla mucho más", dijo.

El problema, en opinión del ministro, es que España ha cambiado su tradicional naturaleza de país con muchos emigrantes por "una situación de inmigración favorecida por el ingreso en la CE y el desarrollo económico". Martínez Noval consideró "algo exageradas" las cifras del citado informe, que sitúa en 294.000 el número de inmigrantes ilegales o irregulares, de un total de 778.000 residentes extranjeros en España.

Las estadísticas ofíciales ocultan estos datos. Sin embargo, la estimación del informe de la Comisión Europea se ve avalada por un informe presentado por el socialista español Alfons Cuco el pasado 24 de abril ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Cuco añade a los residentes extranjeros legales "otros casi 300.000 en situación irregular". Estos cálculos fueron considerados también fiables en el simposio internacional sobre Los movimientos de personas en el Mediterráneo, celebrado en Barcelona entre el 7 y el 9 de noviembre de 1989.

La resolución aprobada ayer por los ministros de Trabajo de los Doce ha reavivado el problema político de competencias entre el Consejo de Ministros de la CE y la Comisión Europea. La comísaria responsable de la política social comunitaria, Vasso Papandreu, explicó que el rechazo se debe a que "esta resolución limita su campo de actuación exclusivamente a los nacionales de los países comunitarios y, por consecuencia, elude la dimensión principal del problenía".

Postura del Reino Unido

El Reino Unido mantuvo la postura más intransigente y sólo levantó sus reservas para permitir aprobar el texto con su abstención cuando la referencia a los nacionales de países no comunitarios que viven en la CE fue suprimida. También se eliminó de la propuesta original de la comisión "la prioridad a una política preventiva de educación e información en favor de una comprensión intercultural y de una apreciación lúcida y objetiva de la situación de los trabajadores emigrantes". La explicación británica es que las competencias en materia de inmigración, igual que las de la lucha contra la criminalidad y la droga, pertenecen a la esfera nacional, y se opone a esta invasión comunitaria.

Todas las delegaciones aceptaron implícitamente esta tesis y calificaron de avance importante un texto destinado a eliminar la xenofobia y el racismo entre los ciudadanos de distintos países comunitarios, como puede ser el caso, señalaron dichas fuentes, de "los portugueses que residen en Luxemburgo o el de los holandeses que viven en Francia".

Dentro de la Comunidad Europea hay 13 millones de extranjeros, de los cuales casi seis millones provienen de países terceros, mayoritariamente de África y Asia. En esas personas confluyen los problemas de discriminación, exclusión y racismo.