El Congreso sólo investigará casos de corrupción de diputados

, La Mesa del Congreso cerrará mañana martes la polémica sobre el ámbito de investigación de presuntas corrupciones políticas al reconducir la situación a lo que estrictamente señala el actual Reglamento del Congreso. A los diputados se les podrá exigir responsabilidad si utilizan su condición de cargo en operaciones mercantiles, lo que nada tiene que ver con los llamados casos Guerra o Naseiro. No obstante, si un grupo o un diputado quiere ser sometido a investigación para defender su honor, no se le pondrá cortapisa. Esta decisión será aprobada en la Mesa con votos del PSOE y de CiU y el rechazo de IU y el PP, después de reconocer los primeros que prefieren arrostrar críticas a incurrir en "implicaciones constitucionales graves" en su afán de convertir al Congreso "en una comisaría".

El presidente del Congreso, Félix Pons, explicará mañana personalmente el resultado final de las deliberaciones de la Mesa sobre este asunto que nació a raíz del caso del hermano del vicepresidente del Gobierno, Juan Guerra, y continuó con el del extesorero del PP, Rosendo Naseiro. Después de que Pons haya hablado con todos los portavoces parlamentarios, la conclusión política que se impondrá es la de que el Parlamento no puede actuar ni de comisaría ni de juzgado y que en ningún caso una investigación en el Congreso hubiera podido llegar tan lejos como lo ha hecho el juez Luis Manglano en el caso Naseiro.

Portavoces de todos los grupos reconocen que "el Parlamento no tiene policía, ni poder para pinchar teléfonos, ni para incomunicar a nadie, ni para obligar a que un ciudadano ajeno al Congreso declare si no quiere". A esta conclusión han llegado muchos portavoces después de que durante semanas han estado enfrascados en la busca de medidas para demostrar a la opinión pública que nadie tenía intención de establecer componendas para tapar supuestas corrupciones.

Presión ciudadana

Ahora cunde la premura por parar esta situación -que reconocen que ha estado influida por la presión de la opinión pública- para no incurrir en actuaciones que pudieran tener "implicaciones constituciones e institucionales muy serias", según dijeron colaboradores del presidente del Congreso que, no obstante, hasta ahora se había mantenido al margen de las iniciativas de los grupos parlamentarios pero que en último término le ha correspondido tomar la decisión al dejar el asunto en manos de los miembros de la Mesa.

El argumento esgrimido es el de que la Constitución "acabó con los tribunales de honor" y que todos los ciudadanos, incluidos los políticos y los parlamentarios, si han cometido algún delito tienen que someterse a las leyes y que las responsabilidades políticas las dirime cada cual ante su propio partido, ante los electores y ante la propia Cámara si incumplen las obligaciones que se les demanda según el Reglamento.