"El Gobierno no teme la unidad sindical"

Luis Martínez Noval ha aterrizado en Trabajo con un encontronazo con los sindicatos y otro con la CEOE, de peor arreglo. Él, hombre prudente, le quita importancia y asegura que su actividad en Asturias, donde lo político y lo sindical está entrelazado, le ha permitido conocer los problemas laborales. El ministro anuncia que el Ejecutivo acepta negociar dos viejas peticiones sindicales: los fondos de inversión para controlar los beneficios empresariales y mejorar la calidad del empleo sin reducir la cantidad. Es el nuevo talante de un Gobierno que ahora ya no teme la unidad sindical.

Pregunta. Antes de su nombramiento se decía que el ministro de Trabajo tenía que ser un hombre equidistante entre Solchaga y Guerra. ¿Es usted ese hombre?

Respuesta. Yo no tengo conciencia de que exista esa balanza, y entonces malamente yo puedo ser el fiel. Yo he defendido la política económica del Gobierno como otros diputados han defendido la política educativa o laboral. Por otra parte, he tenido responsabilidades orgánicas en Asturias, y eso ya dice bastante.

P. Es guerrista, o no.

R. Si Alfonso Guerra es el vicesecretario general del partido y le digo que soy partidario de que se cumplan las resoluciones de los congresos y de los programas electorales, con eso ya le he dicho suficiente.

P. A la vez se lleva también bien con Solchaga.

R. Sí, porque yo he defendido desde 1985 la política económica cuyo máximo responsable es Carlos Solchaga.

P. ¿Le satisface el actual modelo de relaciones entre UGT y el PSOE?

R. Yo fui partidario de otro modelo de relaciones, que era el histórico, pero la central ha decidido bien recientemente en n congreso que la UGT es un sindicato autónomo y me parece muy respetable esa decisión tomada por la inmensa mayoría de los delegados al congreso.

P. ¿Le preocupa la unidad de acción entre UGT y CC OO?

R. No, en estos momentos no creo que haya razones para que desde el partido socialista o desde el Gobierno nadie tema o esté preocupado por la unidad de acción. Si los dos sindicatos son autónomos e independientes de cualquier partido, es una situación en la que es posible abordar en el futuro unas relaciones con el Gobierno por cauces satisfactorios.

P. Esa unidad, ¿va a tener reflejo en las próximas elecciones sindicales del otoño?

R. Mi responsabilidad en esa materia se reduce a regular esas elecciones sindicales.

P. UGT, CC OO y ELA-STV ya tienen un borrador, pero no se ponen de acuerdo respecto a la necesidad del preaviso en las empresas. Parece que van a dejarle a usted la decisión.

R. Yo tengo prevista una entrevista con las centrales más representativas para comentar sus puntos de vista y los del Ministerio, y no quiero contestar a su pregunta antes de mantener ese primer contacto.

P. Se le ha acusado de ser un ministro desconocido.

R. Ése no es mi problema. Si mi trayectoria política no ha tenido reflejo en los medios de comunicación, poco puedo decir al respecto.

P. ¿En qué va a consistir la segunda fase de concertación?

R. Está fijado el primer contacto, que supongo será para repasar el catálogo de materias a discutir y, en la medida de las posibilidades, diseñar un calendario.

P. Existe la duda sobre si en el proceso de negociación se van a analizar los fondos de inversión para controlar los beneficios empresariales.

R. Sí, puede ser una de las materias que se aborden en la segunda fase de concertación. Los fondos de inversión están tanto en la PSP como en el programa electoral del PSOE.

P. ¿Se va a debatir con los sindicatos o con la CEDE?

R. La primera decisión será discutir si ésa es una materia bilateral o trilateral.

Segunda fase de diálogo

P. ¿Cuál es el criterio del Gobierno?

R. En este momento no hay ningún criterio, porque, insisto, está todavía por decidir qué materias van a entrar en la segunda fase.

P. Entre las mesas relacionadas con su Ministerio está la referida al aumento de la cobertura del desempleo. ¿Qué posibilidades de éxito tiene?

R. Yo creo que hay posibilidades de que en esa mesa se llegue a un acuerdo satisfactorio para las dos partes, porque en estos momentos ha mejorado mucho la cobertura. Estarnos prácticamente en aquella cifra que tanto se manejó del 48%. Está aumentando el numerador y reduciéndose el denominador, de manera que hay un efecto clarísimo del avance que produjo en materia de cobertura el decreto 3/89, y nosotros pensamos que aún no ha transcurrido tiempo suficiente para juzgar en su totalidad el efecto de esas medidas.

P. ¿Y por dónde cabe aumentar la cobertura ahora?

R. En el programa electoral nos habíamos comprometido a prestar atención al colectivo mayor de 45 años, de manera que fuera posible reducir aún más la edad a la cual es posible enlazar el subsidio de desempleo con la jubilación. Probablemente en ese tramo de edad que va de los 45 a los 52 años nos inclinemos por medidas relacionadas con la inserción profesional, de manera que no haya una percepción pura y simple del subsidio.

P. Manuel Chaves estaba en contra del salario social. ¿Cuál es su opinión?

R. Esa materia está ya cerrada en la primera fase con desacuerdo. Era una de las posibilidades de la metodología que se escogió al inicio del diálogo.

P. ¿Preocupa al Gobierno la ofensiva de CEOE contra el control sindical de la contratación?

R. Cualquier campaña de esa naturaleza debe preocupar, sobre todo porque puede enrarecer el clima social en la forma que sea recibida la ley y nosotros creemos que tiene una finalidad distinta de quienes la combaten y dicen que la van a seguir combatiendo en el futuro. La ley tiene como objetivo proporcionar una serie de derechos y de información a los representantes de los trabajadores y luchar contra el fraude. Además, es respetuosa con el derecho a la intimidad y, desde nuestro punto de vista, no hay razones objetivas para que el rechazo sea tan absoluto y tan categórico.

P. ¿Tiene argumentos la CEOE para ir al Tribunal Constitucional?

R. Mi experiencia parlamentaria es que, ante cualquier ley de cierta envergadura que se tramite, la primera amenaza es la inconstitucionalidad. Bien sea la CEOE, un grupo parlamentario o cualquier otra instancia, utilizan siempre esa amenaza para reforzar sus posiciones políticas.

P. Cuevas acusa al Gobierno de debilidad.

R. No hay tal debilidad. Ése era un compromiso del Gobierno con la sociedad que se concibe en el programa electoral del 29 de octubre. En él se habla del control de la contratación para eliminar el fraude y la competencia desleal entre empresas. Por otra parte, un punto de la Propuesta sindical prioritaria contenía esa demanda y las dos formulaciones han convergido en un proyecto de ley que, ciertamente, fue trabajoso de concordar y que satisface a ambas partes.

P. ¿Tiene la impresión de que la CEOE está defendiendo sólo a los empresarios que cometen fraude?

R. Para no avivar más el fuego que ha atizado la CEOE no me inclino por hacer una afirmación de esa naturaleza. Vamos a ver, en el debate parlamentario y cuando la CEOE descienda a posiciones menos categóricas, cuáles son las objeciones que la patronal, o algún grupo parlamentario, puede poner al contenido de la ley.

No a la renegociación

P. El Gobierno, ¿va a renegociar el contenido del proyecto de ley?

R. Sería insensato renegociar un acuerdo porque el compromiso era mantener una negociación bilateral, y ésa está cerrada.

P. Si las empresas empiezan a presionar a los trabajadores para que no autoricen la entrega de los contratos, ¿qué va a hacer el Gobierno?

R. El Gobierno tiene que hacer cumplir la ley, y ésta dice que el empresario, en el plazo de 10 días, tiene que entregar una copia básica a los representantes legales de los trabajadores, y a ello están obligados los empresarios.

P. Pero se corre el riesgo de que la empresa diga: como no me firmes esta autorización, no te firmo el contrato.

R. ¡Usted se imagina que un empresario dijera a un trabajador: autorízame en un papel que yo te retenga parte de tu salario para entregarlo a Hacienda!