Las repúblicas bálticas firman un acuerdo sobre productos agrícolas

El acuerdo sobre suministros de productos firmado por los ministerios de Agricultura de las repúblicas bálticas comenzó a regir desde el día de ayer. Con él se persigue saltarse a los organismos centrales y entablar relaciones directas con los clientes interesados en cada una de estas repúblicas.Lo más significativo del acuerdo es que, además de productos agrícolas, se incluye también el suministro de materias primas y equipos que se usan en el agro. Lituania, que desde el 18 de abril es víctima de un bloqueo económico por parte del Kremlin, tiene reservas de combustible sólo para 10-15 días más, lo que significa que los tractores y otra maquinaria agrícola quedarán parados en mitad de los campos. El acuerdo permite, al menos teóricamente, impedir esta catástrofe.

De ahora en adelante los ministerios de Agricultura deberán tener representantes permanentes en las otras repúblicas bálticas, que estarán a cargo de coordinar la política común en esta esfera.

Lituania, Letonia y Estonia están empeñadas en formar un mercado común -el Mercado Báltico-, y el acuerdo recién firmado es el primer paso práctico dado en esta dirección. Por primera vez esta idea la discutieron en mayo del año pasado en la Asamblea de los Frentes Populares del Báltico. En septiembre hubo una reunión intergubernamental dedicada especialmente al tema, y el mes pasado, el 12 de abril, es decir, justo un día antes del ultimátum de Moscú, firmaron el documento correspondiente. Sobre Letonia también pende ahora la amenaza del bloqueo, después de que el 4 de mayo restableciera su independencia.

Mientras tanto, en Moscú, el vicepresidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Comunidad Europea, Frans Andriessen, llegó ayer para iniciar la primera reunión de la Comisión Mixta de la URSS y la CE. La reunión, que termina hoy, fue inaugurada por el ministro de Exteriores soviético, Edvard Shevardnadze, y en ella se tratará la forma de concretar el acuerdo comercial y de colaboración económica que entró en vigor el 1 de abril.