Funcionarios de Cáceres II denuncian la llegada de numerosos presos peligrosos

La mayoría de los 150 funcionarios de la prisión Cáceres II ha denunciado la política de traslados del Ministerio de Justicia como la causa del deterioro del clima de convivencia en la cárcel. La llegada de nuevos reclusos peligrosos ha degenerado en la aparición de mafias, amenazas e inseguridad entre los propios internos, que tuvo su punto álgido el pasado 12 de abril, cuando un joven interno murió apuñalado.

El 12 de abril moría apuñalado el joven interno Ivan Juan Botau, español nacido en Guinea, cuando se encontraba presenciando un partido de futbol entre internos y un equipo local. A raíz del suceso, 90 de los 150 funcionarios de Cáceres II remitieron un escrito a Instituciones Penitenciarias en el que responsabilizan a esa dirección general por haber adulterado la finalidad con que fue construida la cárcel. "Cáceres II se creó para albergar a presos de segundo grado, en vía de reinserción, y lo cierto es que hasta ahora ha funcionado muy bien", explicó un funcionario que lleva prestando servicio en el centro casi desde su fundación.El centro está bien dotado de medios humanos y técnicos. Cuenta con un numeroso equipo de psicólogos, educadores, médicos, maestros de talleres y monitores deportivos. El hecho de que los presos fueran poco conflictivos permitía salidas a la ciudad, para visitar museos o fábricas, e incluso se celebraban competiciones deportivas con equipos de fuera.

Un segundo funcionario relató a este periódico: "Este clima de tranquilidad general -algún que otro incidente es normal que ocurra en una prisión- se vio trastocado hace unos meses, cuando Instituciones Penitenciarias empezó a enviarnos a reclusos de primer grado, o pendientes de reclasificación. Entre ellos han venido elementos peligrosos, violentos, -enfermos de tuberculosis, hepatitis, y alguno con anticuerpos del sida, y han empezado a ocurrir agresiones, amenazas (un interno se pasó tres meses en su celda por miedo a ser agredido), e incluso la muerte de Botau, un joven que trabajaba en el economato y que, creemos, se negó a plegarse a las exigencias de otros reclusos nuevos".

Hace unos meses, según las mismas fuentes, el equipo de tratamiento de la prisión envió un escrito a Justicia lamentando y advirtiendo que la nueva política de traslados podría dar lugar a situaciones peligrosas.

Expedientes a funcionarios

Un portavoz de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias reconoció que Cáceres II podría haber sufrido un deterioro en su funcionamiento, pero argumentó que Justicia no podía mantener por más tiempo privilegios en una cárcel concreta: "Cáceres Il tiene 112 celdas vacías, y una población reclusa en torno a las 200 personas, lo que hace una relación con los funcionarios de casi uno a uno, cuando en otras prisiones la relación es de cinco a uno. Los traslados para descongestionar las cárceles más saturadas continuará, y esto supondrá más trabajo para los funcionarios, pero nada que no estén haciendo compañeros suyos en otros destinos".El portavoz señaló que se ha abierto una investigación por la muerte del recluso, "y también unas diligencias informativas para calibrar la responsabilidad de unos funcionarios que no controlan convenientemente a los presos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 10 de mayo de 1990.

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