Los límites de la información y la autorregulación de los periodistas

El autor de este artículo analiza unas jornadas entre juristas y periodistas en las que participó la semana pasada en Tenerife, expone las aportaciones realizadas al debate sobre los límites a la libertad de expresión y se proclama a favor de una autorregulación de los periodistas que haga más solvente la crítica al poder.

Los juristas que participaron la semana pasada en Tenerife en unas Jornadas nacionales sobre libertad de expresión y medios de comunicación -organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la universidad de La Laguna-, coincidieron, con distintos matices, en una concepción amplia del derecho a la información y la libertad de opinión, no excesivamente judiciafizadas y limitadas más que por el confuso concepto del honor, por el derecho de los ciudadanos a mantener la intimidad de su vida privada. Algunos de los periodistas que intervinimos abogamos por la transparencia de los poderes públicos y asumimos la conveniencia de que la profesión se autorregule, como fórmula de asegurar un control más solvente y creible de todo poder.En materia de límites, frente a la titubeante jurisprudencia del Tribunal Supremo -que unas veces sacraliza el honor por encima de informaciones verídicas, y otras, como ha ocurrido recientemente, avala el rumor como medio de ejercicio del derecho a la infórmación-, la opinión general fue acogerse a la doctrina, más avanzada, del Tribunal Constitucional, que establece la prevalencia de la libertad de información cuando se ejerce a través de un medio de comunicación social, que contribuye a la formación de la opinión pública, pilar del sistema democrático.

Especialmente novedosa resultó la fórmula de resolución del conflicto entre la libertad de expresión y sus límites patrocinada por el catedrático de Derecho Penal Tomás Vives Antón, para quien la autonomía moral del hombre, que presupone su dignidad, hace necesario un discurso racional que rija su vida, al que contribuye la libre circulación de opiniones y noticias. Desde esta perspectiva, es más difícil el conflicto, puesto que "el derecho al honor se encuentra en la fundamentación de la libertad de expresión".

Otro catedrático de Derecho Penal, Gonzalo Quintero Olivares, vocal del CGPJ, invocó el principio de intervención penal mínima para propugnar la despenalización de varios delitos que limitan la libertad de expresión.

Debate político

Clemente Auger, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, negó que el derecho al honor -del que, según recordó, no existe un concepto unívoco- sea prevalente y optó por la defensa de la vida privada como límite al derecho a la información.

Advirtió que "en el debate político, la discusión, por áspera que sea, no ataca al honor".

El alcance de la cláusula de conciencia y el secreto profesional fue abordado por varios intervinientes, pero sólo uno de ellos, Enrique Ruiz Vadillo, presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, propuso una regulación concreta. Ruiz Vadillo previó la invocación por el periodista de la cláusula de conciencia cuando en la empresa periodística "se produzca un cambio notable y notorio en la orientación informativa o en la línea ideológica".

Más polémica fue la propuesta que hizo Ruiz Vadillo de regulación del secreto profesional, sobre todo en lo que se refiere a las excepciones: delitos contra la seguridad exterior del Estado, rebelión y sedición y delitos contra la vida, integridad corporal, libertad y seguridad de las personas. Algunos entendimos que un tan amplio catálogo de excepciones dejaría muy reducido el ámbito del secreto profesional y, en concreto, Clemente Auger se mostró contrario a establecer excepciones a la negativa del periodista a revelar, como testigo, la fuente de una información.

Autocríticas

El magistrado José Luis Calvo, portavoz del CGPJ, denunció, entre las dificultades de los medios de comunicación social para obtener información, el oscurantismo de los poderes públicos. Sin embargo, ni éste ni los demás magistrados asistentes a las jornadas criticaron la patrimonialización que los jueces suelen hacer de la información y las resoluciones judiciales, y que ha llevado a alguna sala de justicia de Madrid a votar no dar una sentencia a la Prensa. El periodista Agustín Zurita, jefe de Prensa del CGPJ, invocó varios acuerdos del Consejo y propuso fórmulas concretas para desbloquear el hermetismo judicial.

Por mi parte, me opuse a cualquier límite al ejercicio del derecho a la información de los ciudadanos, que los periodistas administramos, pero mantuve una posición muy crítica hacia la profesión, porque a la vista está que la verdad, materia prima de la información, está entre nosotros devaluada. La falta de un sindicato de periodistas y de cualquiera de los sistemas de autorregulación existentes en otros países democráticos conduce a un descrédito de los medios de comunicación social, parecido al que sufren los políticos.

En aras de restaurar esa credibilidad -camino necesario para hacer más contundente la crítica a todo poder-, rechacé la actitud de quienes exigen una previa autorregulación del Gobierno y la comparé con quien se niega a hacer una reparación en su casa hasta que no le arreglen el semáforo de la esquina. Defendí una autorregulación de la profesión realizada desde las redacciones, con participación de los usuarios y consumidores de información, destinatarios últimos de nuestro trabajo, y con implicación de las empresas periodísticas para reforzar su inversión en investigación y calidad. Y expuse que quienes se oponen a esa autorregulación por la existencia de potenciales beneficiarlos políticos, "dan qué pensar", dije, "sobre su voluntad cierta de servicio a la colectividad y recuerdan más bien la prepotencia y falta de sinceridad política de los socialistas en el poder cuando se amparan en su mayoría para impedir comisiones parlamentarias de investigación".