El Defensor del Pueblo investigará directamente en los cuarteles las quejas de los soldados
El Ministerio de Defensa y el defensor del pueblo, Álvaro Gil-Robles, firmarán en breve un acuerdo para fomentar la canalización a esa institución de las quejas de soldados, o de los mandos, y facilitarle su investigación directa. El pacto posibilitará que el defensor entre en los cuarteles y pueda interrogar a los afectados y a los responsables de los hechos denunciados. El defensor repartirá 250.000 folletos a los reclutas para explicarles que pueden denunciar sus problemas, como sanciones injustas o novatadas, y también les dará conferencias con igual fin.
En el Defensor del Pueblo se prevé que los reclutas del próximo reemplazo reciban los citados folletos en cada centro de alistamiento sobre el uso que pueden hacer de esta institución para denunciar violaciones de sus derechos durante su permanencia en el ámbito castrense. Esto supondrá que el recluta que sufra una sanción que considere injusta, cualquier trato que estime degradante o sufra una novatada no tendrá ya necesariamente que tramitar su queja a sus superiores, sino que podrá acudir directamente al Defensor del Pueblo. Esta institución hará hincapié ante los reclutas de que permanecer en filas no supone pérdida de derechos como ciudadano, y garantizará el anonimato del denunciante. Hasta ahora, el Defensor recibía la queja del soldado y pedía explicaciones a Defensa, que era quien investigaba los hechos, labor que ahora realizará directamente esta institución, con capacidad para interrogar a los presuntos culpables, aunque sean oficiales.La violación de los derechos de los soldados constituye, un año más, uno de los problemas sobre los que la memoria del Defensor del Pueblo da un serio aviso. Preocupación prioritaria del informe de 1989 son las novatadas durante la mili, "que no sólo atentan a la dignidad de la persona y suponen una grave desviación de los fines del servicio militar, sino que, en muchas ocasiones, comportan lesiones de trascendencia, así como repercusiones psíquicas para el soldado que las sufre". El informe cita dos casos: Un recluta fue obligado a ingerir amoniaco por sus compañeros de cuartel en el centro de Instrucción de Camposanto (Cádiz), por lo que fue hospitalizado y soportó "reiteradas coacciones e intimidaciones" en la Yeguada Militar de Jerez de la Frontera. Y otro soldado se vio forzado a ingerir lejía en el Arsenal Naval de Las Palmas de Gran Canaria, lo que originó su ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos. Defensa sancionó a los culpables de la primera novatada, mientras que el segundo caso se encuentra aún sometido a investigación.
Prisiones militares
La Memoria de 1989 hace un exhaustivo repaso de las prisiones militares, y, recuerda que siete de ellas han sido cerradas tras la visita e informe crítico del Defensor del Pueblo.
El informe da una serie de recomendaciones genéricas sobre las prisiones militares. "Resulta prioritario modificar algunas diferencias existentes entre las dependencias destinadas a reclusión de soldados y a militares profesionales", ya que "los inmuebles destinados a soldados reúnen peores condiciones, en relación a la habitabilidad y servicios, que los atribuidos al resto de los militares profesionales"." No sólo es la configuración de las celdas y su dotación de mobiliario, sino también la existencia para los oficiales de una serie de servicios complementarios (cocina propia, bar, etcétera) e incluso en algunos centros los soldados a diferencia de los oficiales, carecían de calefacción".
También se recomienda "mejorar las condiciones de algunas celdas de reclusión, destinadas fundamentalmente a soldados" y se hace mención a la falta de condiciones de algunas celdas de aislamiento, que en ocasiones carecen de luz exterior, dimensiones mínimas, etcétera. El informe critica la alta proporción de presos preventivos (44 de los 57 internos de Alcalá Henares; siete de los ocho de Melilla y 19 de los 21 de Ferrol). En este sentido, "parece aconsejable poner en libertad al preso preventivo al cumplir el mínimo de la pena para evitar posibles situaciones de injusticia si resulta absuelto". El informe señala que los internos, en muchas ocasiones, desconocen su situación procesal y no están debidamente clasificados.
La escasa asignación para comida y su mala preparación son queja generalizada. También se aprecia una notable ausencia de labores educativas, pese a la alta tasa de presos analfabetos, y de locales de trabajo y actividades recreativa. El informe censura que soldados de reemplazo por falta de contratados civiles hagan labores de cocina, limpieza, etcétera, en las prisiones.
El Defensor propone acabar con las restricciones a los permisos de salida y evitar las discriminaciones en favor de los suboficiales y oficiales en el régimen de visitas y comunicaciones íntimas con esposas o allegadas, y permitir las llamadas telefónicas a los internos. Otro punto que inquieta al Defensor son las sanciones disciplinarias, para las que se pide un mayor control y ponderación, así como el cierre de las celdas de castigo. El Defensor, en este sentido, reclama un nuevo reglamento penitenciario más acorde con la Constitución. A los numerosos soldados que se quejan de no poder recurrir jurisdiccionalmente las sanciones disciplinarias por faltas leves, el Defensor les recuerda que toda sanción disciplinarias impuesta por órgano administrativo militar que implique privación de libertad, como son los arrestos, puede ser revisada por los jueces a través de la vía del recurso judicial.
Caballos particulares
Las quejas sobre las condiciones de prestación del servicio militar son "importantes por su contenido, pero no por su número". Los reclutas suelen mostrar su disconformidad con las obligaciones que les imponen sus superiores. Así, existe la denuncia de que soldados de la unidad de equitación y remonta del Ejército en Madrid se ven obligados a cuidar caballos particulares, que ja que se halla en investigación.
Un médico denuncia que en la mili tuvo que ejercer su profesión, sin retribuir, y pasar consulta diaria a los soldados. Y a varios soldados que se quejaron ante sus mandos por la falta de salubridad del antiguo parque de artillería de Sevilla se les abrió por este hecho diligencias judiciales, cuyo sobreseimiento ha pedido ahora Defensa. La última queja en este sentido se refiere a la falta de higiene del comedor del cuartel general de la Armada, por la existencia de cubos de basura y roedores.
