Jubilarse a tiempo

Al secretario general de Estructuras del Ministerio de Agricultura, Jesús Arango, no le gusta que se hable de jubilaciones anticipadas, por entender que la denominación resulta incorrecta, ya que se trata de un cese de actividad anticipado y porque, además, la medida tiene o debería tener otras implicaciones estructurales y sociales más importantes que una simple jubilación. Pero es como mejor lo entiende el personal.

Dejar de trabajar antes de los 65 años se había visto en el medio rural como algo a lo que solamente accedían los trabajadores de los sectores industriales en procesos de reconversión, algunos de los cuales fueron en su día emigrantes y que han vuelto al pueblo antes de la vejez. A partir de la aplicación de la normativa aprobada por Agricultura, retirarse antes de tiempo es algo a lo que también tienen ya acceso los agricultores y ganaderos con edades entre los 60 y los 65 años. Es, al fin, aunque los sindicatos no se muestran conformes con el alcance de la medida y su forma de aprobación sin negociar con las organizaciones agrarias, la primera respuesta a un proceso de reconversión salvaje que está golpeando especialmente a las pequeñas explotaciones y a sectores determinados, especialmente en las dos mesetas.Por desgracia para el sector agrario español, el ingreso de España en la Comunidad Europea coincidió con el inicio en la CE de una serie de drásticas reformas en la Política Agrícola Común encaminadas a reducir los gastos de intervención y para la eliminación de excedentes. Las principales medidas en esta nueva dirección se concretaron en la aplicación de techos y tasas a las producciones más excedentarias, así como a la congelación de los precios. Estas medidas negativas para cualquier tipo de agricultura fueron especialmente graves para sectores o estructuras de producción como las españolas con graves deficiencias en su organización o con bajos rendimientos.

Conscientes de los problemas indirectos que ello iba a producir, la propia Comunidad Europeas puso en marcha, pero con un retraso mucho mayor, una serie de medidas encaminadas a facilitar una mejora en las rentas de las explotaciones marginales, así como para proporcionar la posibilidad de abandonar dignamente antes de ser expulsados del sector agrario vía una reconversión salvaje provocada por los bajos precios y escasos rendimientos. Estas actuaciones se concretaron, entre otras, en los programas de apoyo a las rentas, el abandono de tierras y el cese de actividad, más conocido (aunque la denominación no sea técnicamente correcta), como la jubilación anticipada.

Cese con reestructuración

Con las medidas de apoyo a las rentas se trata de conceder ayudas a las explotaciones cuyos ingresos no lleguen a determinados niveles medios de ingresos en cada región. Con el abandono de tierras se da la posibilidad de abandonar o dedicar superficies para su utilización forestal con una compensación económica. Con el cese de actividad o jubilación anticipada se pretende dar respuesta a las explotaciones más marginales donde sus titulares se hallen en una edad avanzada que no les permite acometer fuertes inversiones para modernizar sus estructuras y para quienes la salida más digna sería una retirada apoyada por la Administración.

El reglamento de la Comunidad de abril de 1988 contemplaba la posibilidad de aplicar esta medida a los titulares de explotaciones entre 55 y 65 años. La Administración española se hizo eco del mismo con un real decreto del pasado 30 de septiembre, desarrollado con una orden del 18 de abril, en medio de la sorpresa del conjunto de las organizaciones agrarias.

La normativa española limita las posibilidades de cese de actividad para los titulares de explotaciones entre 60 y 65 años. De esta forma, se reduce el colectivo de posibles peticionarios.

A grandes rasgos, la disposición es simple. Pueden acceder a la llamada jubilación anticipada los agricultores o ganaderos titulares de explotaciones o sus colaboradores directos. Es preciso que la explotación tenga una renta bruta, incluido el autoconsumo de 500.000 pesetas, cantidad que, según la Unión de Pequeños Agricultores, es un techo excesivo que puede suponer la exclusión de unas 100.000 personas. Para el secretario general de Estructuras, Jesús Arango, el techo de 500.000 pesetas no será problema para nadie, habrá flexibilidad, aunque se quiere evitar que accedan a la medida personas que se hagan pasar por agricultores sin serlo.