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Editorial:

¿Quién es culpable?

SIN ACABAR de decidir cómo debe atacarse realmente el problema de la droga, los países productores y consumidores juegan ahora a culparse mutuamente de la explosión del tráfico y del consumo. En la reunión mundial sobre la droga celebrada recientemente en Londres ha predominado la tesis de Estados Unidos de que el mal debe ser combatido en los países de origen. Mientras tanto, la conferencia de Ixtapa, en México, patrocinada por la Alianza de las Américas contra las Drogas, ha concluido ayer con una declaración en la que por primera vez se pone el acento en que la lucha contra el narcotráfico sólo será eficaz si se empieza por librar en los países consumidores. El presidente del país anfitrión, Carlos Salinas de Gortari, se mostró especialmente duro con EE UU, al que acusó de utilizar la lucha contra la droga como coartada para vulnerar las leyes internacionales y el respeto a la soberanía de los países.En Londres quedó claro que los países productores consideran que, además de existir razones médicas y farmacológicas que justifican el cultivo legal de la droga, la sustitución de aquél por otro provoca la sobreproducción del alternativo -como ha sucedido con el café-, de tal modo que sus precios se desploman y aumenta la degradación económica del país productor. En Ixtapa, por el contrario, se ha estimado que EE UU y los otros países desarrollados, al tiempo que reprimen el consumo llega¡, deben estimular sobre todo el alza de los precios agrícolas y la libertad del comercio de las materias primas, con la consiguiente mejora de los términos de intercambio.

La discusión sobre quién es más responsable en el problema de la droga, y por tanto sobre los medios necesarios para tratar de solucionarlo, tiene poca entidad real, salvo para adoptar un tono represor que acaba reconvirtiéndose en propuestas irrelevantes y de tono menor. Por ejemplo, en España, las autoridades, que se han opuesto con fuerza a la legalización del consumo como medio para reducir la doble delincuencia (del narcotráfico y del crimen callejero), han acabado por sugerir que van a considerar punible el consumo en público.

Es comprensible el profundo malestar de una sociedad en la que, cada vez más abiertamente, consumen droga gentes de todas las edades y condición. Ignorar el drama, sin embargo, no dejaría de ser una hipocresía que respetaría las fuentes originarias y los daños que causa, y que puede ocasionar peores males en las víctimas: las redadas, multas o sanciones no consiguen más que el aumento de la degradación. Federico Mayor Zaragoza, director general de la Unesco y experto bioquímico, explicó en Londres que la drogadicción no puede desligarse de los temas en los que está imbricada: sanidad, ambiente, biología, sociología y civismo. No puede esperarse que España mejore sustancial y rápidamente todas esas cuestiones hasta el punto de conseguir desterrar, por inútil, la drogadicción. Pero sí es absurdo, en cualquier caso, que la mayor parte del presupuesto de la campaña antidroga siga destinándose a la represión y no a la prevención o al tratamiento médico.

El Plan Nacional contra la Droga no está funcionando. La tasa de rehabilitación, cifrada en el 1%, no es alentadora, y no muestra tendencia a variar. Los ambulatorios que se han incorporado a la lucha carecen de medios y de personal. En nombre de este mal remedo de plan se critican los tratamientos en clínicas privadas -que, a decir verdad, no han conseguido mejores resultados- y a las asociaciones que, como El Patriarca, no quieren poner a su cabeza psiquiatras y psicólogos titulados porque no consideran que la drogadicción sea un problema patológico.

La solución al problema está por descubrir, pero no puede basarse en la simple política represiva. Los importantes fondos destinados a combatir el problema, aprobados ayer en Consejo de Ministros, son un paso en la buena dirección, más imaginativo que el elemental castigo. Si los países productores han conseguido la corresponsabilidad de los consumidores, bueno será que el Estado comience a corresponsabilizarse de la salud de los ciudadanos y no sólo a encarcelar a los que transgreden las normas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 21 de abril de 1990