Derecho de defensa

El objeto de la presente carta es protestar tanto por el titular de la noticia que aparece en la página 19 del número del 4 de abril como por el del editorial del mismo número Derecho de defensa, por faltar gravemente a la verdad, resultar infamante para una compañera y causar evidente perjuicio al derecho de defensa, que, por otra parte, ustedes dicen ensalzar.No estamos dispuestos a entrar en el juego del conmigo o contra mí o contra el terrorismo, todo vale, máximas del Ministerio del Interior que actualmente comparte el de Justicia y que, a través de los medios de comunicación, tratan de inculcar a toda la sociedad. Por ello, el horror que nos producen acciones como el reciente asesinato de un médico en Zaragoza no va a paralizar nuestra acción en pro del derecho de defensa de todos los ciudadanos.

Y por ello no podemos tolerar que se acuse con falsas imputaciones a una compañera que se limita a exigir de nuestro colegio profesional, al que pertenece obligatoriamente, amparo en su acción profesional. Ni que dicho colegio, no sólo -como de costumbre- ni ampare el derecho de defensa, sino que, además, encabece el movimiento del descrédito público de dicha abogada y coopere con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en el acoso y derribo, aunque sea por omisión, del derecho de defensa.

Así, en aras de una más exacta información a la opinión pública, debemos hacer patentes los siguientes extremos:

1. Que no sólo la referida abogada, sino bastantes compañeros, han venido sufriendo en los últimos meses limitaciones en su derecho de comunicación con sus clientes, preventivos y penados, políticos y comunes, en Madrid y en el resto del Estado, por parte de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.

2. Que tales limitaciones son Ilegales y conculcan los preceptos de la ley y reglamento penitenciarios. El propio Colegio de Abogados de Madrid, tras un encierro en sus locales protagonizado por más de un centenar de abogados en protesta por dichos hechos, así lo reconoció, si bien no ha ejercitado acción de ningún tipo en amparo del derecho de defensa, plegándose a las directrices del Ministerio de Justicia.

3. Que varios juzgados de vigilancia penitenciaria han declarado contrarias a derecho las limitaciones sufridas por diversos compañeros en sus comunicaciones con internos, e incluso han dictado resoluciones, Incumplidas por la administración penitenciaria, autorizando expresamente las citadas comunicaciones.

4. Que en diversos juzgados del Estado se siguen diligencias penales a consecuencia de las denuncias presentadas por numerosos compañeros.

5. Que las diligencias informativas contra la referida abogada a que hace referencia su editorial, abiertas por el ministerio fiscal a consecuencia de una denuncia ante la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, ni siquiera han llegado a convertirse en procedimiento judicial, ya que Pasa a la página siguiente Viene de la página anterior fueron sobreseídas por no apreciarse Ilícito penal alguno; sin que, en todo caso, pudiera ser lícito fundar tal limitación del derecho de defensa en unas diligencias incoadas por el ministerio fiscal hace tres meses y en las que no se ha producido intervención judicial alguna.

6. Que es absolutamente inexacta la afirmación, como titula su periódico, de que los abogados culpan a Francisca Villalba de un posible atentado de los GRAPO", pues tal imputación, tan grave como absurda, parte no de la abogacía ni de los abogados, sino del señor decano de Madrid y de su junta, que intentan cubrir las omisiones que, lamentablemente, se vienen observando en su función de amparo del derecho de defensa.

No es el objeto de estas líneas expresar nuestra solidaridad con la referida compañera, a quien de forma pública se ha vilipendiado, sino, por encima de personas, supuestos o acciones concretas, exigir de nuestro colegio profesional, de la Administración y de los medios de comunicación, un respeto absoluto por el derecho de defensa, auténtico pilar del Estado de derecho.- Por la junta directiva de la Asociación Libre de Abogados de Madrid.