Bancos, profesionales y grandes almacenes pagarán más con el nuevo impuesto de actividades económicas
Hacienda ha elaborado un proyecto de real decreto legislativo en el que se detallan las tarifas que se aplicarán al nuevo impuesto municipal sobre actividades económicas. Los criterios son gravar más las actividades con mayores beneficios, entre otras, las instituciones financieras, los grandes almacenes y los profesionales de alto nivel. Por el contrario, sectores como el pequeño comercio o la industria manufacturera salen mejor parados. La Federación Española de Municipios y Provincias considera que, en términos generales, la propuesta de Hacienda no cubre las necesidades recaudatorias de los ayuntamientos.
El nuevo impuesto municipal sobre actividades económicas, que sustituye a las licencias fiscales, al impuesto de radicación, al de publicidad y gastos suntuarios, está llamado a ser, junto al de bienes inmuebles, uno de los de mayor importancia recaudatoria para los ayuntamientos. Su entrada en vigor será en el año 1991 y, según el Ministerio de Hacienda, el objetivo es que la recaudación mínima por este impuesto sea equivalente a la que obtenían los ayuntamientos por las figuras sustituidas.Esta cantidad, cifrada por el director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, Ernesto Aguiar, en 200.000 millones, no es la cifra que manejan los ayuntamientos. Según Antonio González Triviño, presidente de la comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la recaudación por licencias fiscales y radicación es en la actualidad de 350.000 millones de pesetas.
Esta diferencia es lo que, hasta la fecha, no ha permitido a la FEMP asumir la propuesta presentada por Hacienda en forma de real decreto legislativo por el que se aprueban las tarifas y la instrucción del impuesto sobre actividades económicas. Esta propuesta incluye una, exhaustiva clasificación por ramas de actividad en la que que se ha tenido en cuenta los datos de la contabilidad nacional para gravar más según el nivel de beneficios.
Según esta clasificación, actividades como los grandes almacenes, las instituciones financieras, los profesionales de alto nivel y los servicios vinculados al ocio son los que más tendrán que pagar con el nuevo impuesto en relación a lo que tributaban por las figuras sustituidas. Otras actividades como el pequeño comercio o las industrias manufactureras aliviarán, por el contrario, su carga fiscal.
La propuesta de tarifas supone, según Aguiar, una redistribución interna de la carga fiscal entre unas actividades económicas y otras, respecto de lo que pagaban con los impuestos sustituidos. Por una parte, se ha realizado la nueva clasificación de actividades, ya que la utilizada hasta ahora para la licencia fiscal correspondía a los datos de la contabilidad nacional del año 1976.
Superficie y localización
Por otra parte, se ha pretendido refundir las dos figuras sustituidas evitando algunos desajustes. Las licencias fiscales se pagan en relación a la actividad (comercio, profesionales y artistas) o en base a la potencia instalada y el número de trabajadores (empresas). En el impuesto de radicación (sólo para ayuntamientos de más de 20.000 habitantes) el elemento de mayor peso es la superficie del negocio, más un coeficiente en función de la localización del negocio (hasta multiplicar por 20). Con el nuevo impuesto "la superficie y la localización del negocio serán dos de los elementos más significativos para todas las actividades", según Aguiar.Las tarifas que se detallan en el proyecto de decreto legislativo son, sin embargo, una propuesta de mínimos. Sobre ellas, los ayuntamientos podrán introducir coeficientes multiplicadores según la calle donde esté ubicado el negocio -desde dividir por dos hasta duplicar las cuotas mínimas- y otro según el volumen de población -de 1,4 para municipios de menos de 5.000 habitantes hasta 2 para los de más de 100.000-, ambos con carácter voluntario.
De esta forma, los ayuntamientos podrán modular su capacidad recaudatoria. Sin embargo, mientras Hacienda considera que con los 200.000 millones de recaudación prevista se deja a los ayuntamientos como estaban en cuanto a la recaudación que se obtenía por licencias fiscales más radicación, la FEMP argumenta que harían falta unas tarifas mínimas que garantizaran 350.000 millones, A partir de ahí, serían las propias corporaciones locales las que asumirían el coste político de incrementar los impuestos hasta los topes fijados.
