Aire para una Cámara con poco gas

Un senador socialista se sincera con la única condición de no ser identificado: "La verdad", admite, "es que en esta casa no nos ganamos el sueldo que se nos paga". Un superficial repaso a la actividad desarrollada la pasada legislatura en el Senado demuestra hasta qué punto la denominación de segunda Cámara que recibe es algo más que una convención. Todos los grupos parlamentarlos están empeñados ahora en la tarea de reformar el reglamento del Senado para que éste cumpla realmente al encargo constitucional de ser "Cámara de representación territorial".

La semana pasada concluyó el plazo fijado para que los distintos grupos presentaran sus propuestas para cambiar el reglamento. Todos lo han hecho, excepto el PSOE, que ha conseguido una prórroga hasta este viernes, día 6. Los socialistas dicen que es para permitir que Felipe González pueda incluir este punto entre las ofertas de acuerdo que lanzará hoy en el debate de la cuestión de confianza en el Congreso. Los otros partidos piensan que es una pequeña argucia para conocer previamente los planteamientos de los demás.La modificación se plantea como una operación de urgencia para sacar al Senado de su actual situación de réplica devaluada del Congreso. Pero todos los grupos están convencidos de que su reconversión definitiva en órgano de discusión y encuentro del Estado de las autonomías sólo será posible si se reforma previamente la Constitución.

Tal convicción choca, sin embargo, con el tabú constitucional, el temor de los principales partidos a que un primer retoque de la Carta Magna abra la puerta a otros no deseados. "Efectivamente, lo que puede conseguirse con la reforma del reglamento es menos de lo que sería lo ideal, pero será bastante más de lo que tenemos hoy", declara el presidente del Senado, el socialista Juan José Laborda, nada partidario de tocar por el momento la Carta Magna.

Los nacionalistas catalanes y vascos e Izquierda Unida consideran, por el contrario, que sin esa modificación previa la reforma será "puramente cosmética", aunque se muestran dispuestos a comprobar lo que puede dar de sí. En este sentido, recalcan que existe tina contradicción insalvable entre el mandato constitucional de que el Senado sea Cámara de representación territorial y los procedimientos que fija en cuanto a sus; funciones, composición y elección de los senadores.

Sumar voluntades

Carmelo Renobales, portavoz del PNV, apunta que difícilmente podrá el Senado jugar ese papel mientras que cuatro quintas partes de sus miembros (209 de un total de 254) son elegidos en circunscripciones provinciales, no autonómicas, y con unos criterios apenas diferentes de los que rigen para la elección de los miembros del Congreso. La otra quinta parte es designada por los parlamentos de las comunidades autónomas.

Por su parte, el representante de Convergència i Unió, Joaquim Ferrer, entiende que la consecuencia más importante de las modificaciones que se realicen ahora será la de "ir sumando voluntades para abordar un poco más adelante la reforma de la Constitución en este punto". "No es un capricho y nadie tendría que rasgarse las vestiduras por ello", insiste Ferrer. Recuerda cómo el propio Manuel Fraga, se ha manifestado recientemente a favor de esa medida, cuando en el pasado proponía retocar el título VIII con intenciones bien distintas.

El PSOE y el CDS, que en su último congreso se pronunció expresamente en este sentido, aparecen como los partidos más reacios a hacerlo. Juan José Laborda se muestra partidario de avanzar con tiento, de ver primero qué da de sí el nuevo reglamento, cuya aprobación requerirá mayoría absoluta, por tener el rango de ley orgánica.

El presidente del Senado espera que, como muy tarde, la Cámara estrenará el reglamento reformado el próximo año, y sostiene que habrá que experimentarlo durante una o dos legislaturas antes de plantearse si se requieren cambios de mayor calado político en nuestro ordenamiento jurídico. La mayor dedicación del Senado a las cuestiones autonómicas no va a significar la pérdida de sus actuales funciones como Cámara de segunda lectura de los proyectos de ley y de control del Ejecutivo.

Su funcionamiento costó el año pasado 3.000 millones de pesetas, exactamente mil por debajo del Congreso, a pesar de contar con un centenar de miembros menos (254 frente a 350). En la anterior legislatura el Senado facturó un volúmen de preguntas, interpelaciones e iniciativas legislativas tres veces inferior al tramitado en la Cámara Baja.