Los presidentes autonómicos serán senadores sin voto

La mayoría de los grupos parlamentarios coinciden, aunque con matices, en el contenido de sus iniciativas para que el Senado se convierta en cámara de las nacionalidades y regiones y, éstas participen en la administración del Estado. Un punto de coincidencia es la potenciación de la actual Comisión de Autonomías, ampliando sus funciones y composición para que represente más "intereses territoriales" que posturas políticas.Para ello, dicha comisión debería estar integrada, según el criterio más extendido, por los 46 senadores designados por los parlamentos de las autonomías y un número variable, aunque menor, de los elegidos por sufragio universal. Formarían parte de esta super-comisión, con voz, pero sin voto, los presidentes de las Comunidades Autónomas o los miembros de sus gobiernos en quienes deleguen.

De acuerdo a algunas propuestas, los presidentes tendrían la facultad de pedir su convocatoria, para informar ante ella, o ante el pleno del Senado, de cuestiones referidas a su comunidad. Sin embargo, la misión más importante que se asigna a la Comisión de Autonomías es la de dictaminar previamente los proyectos de ley que afectan a las comunidades, ya sea en su territorio o en las competencias que les otorgan sus estatutos.

La tercera lista

Los grupos de la oposición esperan que esta función de control de las leyes, aunque no tenga carácter vinculante, frene la invasión de competencias por parte del Gobierno del Estado y reduzca el trabajo que tiene el Tribunal Constitucional.

El PP adjudica alguna de estas funciones a las comisiones territoriales (una por cada comunidad), que estarían compuestos por todos los senadores elegidos o designados en ellas. CIU, por su parte, plantea que los grupos parlamentarios de la Cámara se formen no por adscripción ideológica, sino por la procedencia territorial de los senadores.

El PNV tiene la intención de proponer un acuerdo amplio para que el Senado fije "la tercera lista" de competencias; aquellas que no se atribuyen con carácter exclusivo ni al Estado ni a las comunidades autónomas, sino que son compartidas. Con esa definición se resolvería, según el PNV, "el gran problema" del Estado Autonómico: la reducción de las funciones legislativas atribuidas a las autonomías mediante leyes de bases excesivamente detallistas.

Un planteamiento ampliamente compartido es el de institucionalizar todos los años la celebración del debate sobre el Estado de las Autonomías. En algunas de ellas existe el temor de que los partidos de ámbito estatal aprovechen la reforma del reglamento para controlar en el Senado la gestión de los gobiernos autónomos que no controlan. Juan José Laborda asegura que no lo consentirá. "Tengo muy claro que los Gobiernos autónomos sólo han de responder ante sus respectivos parlamentos".