La Junta de Extremadura recurre la anulación de la expropiación de una finca

La Junta de Extremadura presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) el recurso de apelación contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo que declaró nula la expropiación de la finca Valle de Ibor-Trasierra, propiedad de la empresa Sotei, cuyo principal accionista es el industrial Celso García.

Por su parte, el duque de Alba, Jesús Aguirre, afirmó ayer que emprenderá acciones legales contra el senador socialista por Badajoz José Santiago Lavado si no se retracta de unas declaraciones en las que dijo que la Casa de Alba amenazó con rescindir los contratos de los colonos que viven en las dos fincas implicadas en un proceso de expropiación, paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.El duque de Alba dijo a la cadena SER: "Pruebe el senador lo que acaba de decir, y si no lo prueba aténgase a las consecuencias. Jamás la Casa de Alba ha pretendido rescindir el contrato que firmó en 1942, no con los colonos, sino con una impenetrable asociación de colonos que nos impide hacer mejoras en las fincas".

El recurso de apelación presentado por la Junta extremeña considera como "perjudicial" el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJE e insta al tribunal extremeño a darle el correspondiente curso procesal ante el Tribunal Supremo que, en última instancia, será quien decida el asunto de fondo: si la finca es expropiable o no.

El Gobierno autónomo expropió la finca el 17 de enero de 1989, en aplicación de la ley de la Reforma y el Desarrollo Agrario de 1973. La Junta entendió la existencia de un problema social. Los cabreros de la zona, que tradicionalmente habían pastoreado en la dehesa, vieron interrumpida esta actividad al decidir la propiedad vallarla para dedicarla a fines cinegéticos.

El auto dictado el pasado viernes por el TSJE negó la existencia de un problema social al entender que la expropiación no ha disminuido el paro y que la explotación residual del pastoreo es contraria a la "óptima rentabilidad de la finca". El tribunal condenaba a la Junta a devolver la finca a la empresa Sotei, indemnizándola además en los "daños y perjuicios causados".

Concentraciones

La decisión del TSJE provocó diversas manifestaciones de apoyo a la reforma agraria, como las realizadas por políticos locales el pasado martes en Navalvillar de Ibor y Zahínos. El senador socialista José Santiago Lavado, que calificó a los jueces de "caciques, terratenientes y salteadores de caminos", al tener conocimiento de que la Fiscalía General del Estado ha abierto diligencias, manifestó que el fiscal ha actuado "corno tenía que actuar, consecuentemente con su cargo", pero piensa que no hay razones para procesarle.

Mientras, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Antonio Hernández Gil, ha llamado al presidente del TSJE, Jesús Jubete, para "tener información de primera mano "sobre la situación creada a raíz de la sentencia y tras las declaraciones del senador Lavado.