El debate fiscal

A LO largo de la semana se han sucedido una serie de declaraciones que, de una u otra forma, tienen como referente final la anunciada reforma fiscal. Trataron de la posibilidad de hacer aflorar el dinero negro sin necesidad de proclamar una amnistía fiscal; de la inclusión de la fiscalidad de las rentas del trabajo como elemento de un posible pacto social; de la modificación del enfoque del trabajo en el futuro impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), y, por último, de la posibilidad de aligerar la imposición sobre determinadas formas de ahorro. El elemento común es la necesidad de repensar el sistema fiscal español a la luz de la integración de nuestro País en la Comunidad Europea (CE), que ha hecho más evidentes las lagunas y defectos de nuestro sistema impositivo.El primer problema, el de la afloración del llamado dinero negro, es algo de lo que a menudo se habla, sin llegar las más de las veces a propuestas que sean aplicables en la práctica. La solución encontrada hasta ahora ha sido la de ofrecer una modalidad específica de los pagarés del Estado, que, con su baja rentabilidad, compensan su opacidad fiscal de hecho. Sin embargo, esta solución provocó en su día una fuerte polémica, que ahora se ha recrudecido tras la decisión del Gobierno vasco de emitir este tipo de pagarés con una rentabilidad mayor. De esta manera, el principio según el cual el dinero negro sirve para financiar a bajo coste el déficit del Estado ha comenzado a resquebrajarse. Se trata de un debate dificil, en el que el rigor de los principios puede llevar a una especie de fundamentalismo fiscal alejado de las realidades de la vida cotidiana, al tiempo que un pragmatismo puro y duro puede conducir fácilmente a la desaparición del principio de equidad que debe regir en la aplicación de los impuestos.

Tal vez la mejor manera de progresar sea la de plantearlas en el ámbito de la discusión más amplia que ha comenzado a propósito de la reforma del IRPF. El Instituto de Estudios Fiscales ha tenido el acierto de enviar a una serie de expertos un cuestionario muy amplio sobre lo que debieran constituir los ejes básicos de dicha reforma. Las cuestiones que se plantean van bastante más allá de la reforma de dicho impuesto y afectan en realidad al conjunto del sistema fiscal. La evolución fuera de España va a forzar a la Administración a reducir la imposición sobre el ahorro, tanto de los residentes como de los no residentes. La imposición de estos últimos hay que modificarla si queremos atraer de manera estable su ahorro hacia nuestro país; la de los residentes, porque con el transcurso del tiempo nuestro sistema de imposición directa ha pasado a ser uno de los más duros de la OCDE. Han contribuido a ello tanto el endurecimiento interno como la suavización de los sistemas impositivos más allá de nuestras fronteras, de manera que ahora hay que corregir el desfase.

Esta correción hará necesario a su vez suavizar de una u otra manera la imposición de las rentas del trabajo, por lo que resulta que, en definitiva, estamos ante un aligeramiento de la imposición directa, siguiendo en ello el camino iniciado en Europa por Gobiernos de muy distinto signo. Con ello se alterará el equilibrio entre la imposición directa y la indirecta, en beneficio de esta última, y se complicarán considerablemente los problemas de financiación del déficit público si no se reduce seriamente la progresión de los gastos.

Los problemas básicos de equidad, redistribución de las rentas y eficacia del aparato productivo tienen que ser evaluados a la luz de las nuevas realidades que la integración europea plantea.