Control del mercado laboral para ajustar el sistema educativo

El ministro de Educación y Ciencia (MEC), Javier Solana, ariunció ayer que el Gobierno aprobará próximamente un Plan Nacional de Prospecciones de Necesidades y de Trabajo y que creará un "observatorio permanente" de la evoluclón de las "ocupaciones en nuestro país".Solana señaló que el Gobierno pretende mediante estos dos mecanismos controlar la evolución de las necesidades del mercado de trabajo para, si procede, introducir los :alustes necesarios en el sistema educativo. Esta medida atenderá a una de las peticiones históricas del sector empresarial, que ha subrayado con insistencia durante los últimos años la necesidad de adecuar el sistema educativo, incluido el universitario, a las demandas sociales.

Competencias autonómicas

También señaló que el artículo cuarto del anteproyecto no ha sido modificado y que entrará en la Mesa del Congreso estableciendo que "el Gobierno fijará (...) las enseñanzas mínimas, con el fin de garantizar una formación común de todos los alumnos y la validez de los títulos correspondientes". Los gobiernos de Cataluña y el País Vasco, dos comunidades autónoma con competencias plenas en materia de educación, han expresado sus críticas hacia este artículo que, a su juicio, limita sus competencias. El Gobierno catalán estudia su constitucionalidad y los nacionalistas vasco han anunciado que recurrirán esta ley al Tribunal Constitucional "si no respeta las competencias educativas del País Vasco".

Solana indicó ayer que el Gobierno está dispuesto a incorporar durante el debate parlamentario "las redacciones apropiadas" que permitan "disipar" las dudas que, sobre una eventual colisión con las competencias autonómicas, se hayan creado. Fuentes gubernamentales indícaron a este diario que el Ministerio de Educación podría llegar a pactar el desarrollo legislativo posterior de la ley de Ordenación General del Sistema Educatívo (LOGSE).

El conseller de Enseñanza de la generalitat de Cataluña, Josep Laporte, ha indicado que esta ley debe contemplar qué margen legislativo tendrán las seis comunidades con competencias plenas -Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana y Canarias- porque no considera una garantía suficiente la posibilidad de consensuar "los decretos". El conseller Laporte sostiene que esta voluntad puede cambiar con un cambio de Gobierno, "o simplemente de ministro".