Carlos Solchaga convoca a las fuerzas sociales y politicas a un pacto nacional sobre competitividad

El debate de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 1990 llevó a los grupos mayoritarios del Congreso a coincidir en la necesidad de alcanzar un pacto de competitividad para la economía española. Carlos Solchaga convocó a los grupos parlamentarios y a las fuerzas sociales a un gran acuerdo nacional que contemple un sistema de determinación de los salarios, en una fórmula que recuerda a la de los Pactos de la Moncloa. El líder de la oposición, José María Aznar, se mostró favorable al consenso y recuperó el mensaje que llevó a Felipe González a la victoria electoral en 1982: "Que España funcione".

En un tono sosegado y sin ataques personales, el representante del Gobierno, el ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, y el líder del Partido Popular, José María Aznar, coincidieron en la necesidad de alcanzar un gran acuerdo nacional para mejorar la competitividad de la economía española". Para el ministro de Economía, este pacto deberá consistir fundamentalmente en establecer un nuevo sistema de determinación de los salarios y en un acuerdo para la reforma fiscal, ahora en fase de elaboración."He venido a pedir el apoyo a un pacto de competitividad", afirmó Solchaga. Este pacto debe tener como objetivo reducir la inflación, garantizar crecimientos de los salarios reales que no pongan en peligro la creación de empleo y rebajar el déficit público. "Si encontramos el consenso suficiente para la reforma fiscal", añadió, "yo creo que todavía le quedan a España muchos años de auge económico, de forma que podamos ir aproximándonos a los estándares de justicia y equidad social de los demás países".

"Menos indisciplina"

El lema de "más competitividad y menos indisciplina" fue lanzado ayer por Solchaga ante los grupos parlamentarios del Congreso durante su defensa del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990. Este lema se concreta en "seguir una política monetaria exigente, reducir la inflación a la mínima expresión y coordinar la política monetaria con la fiscal, de forma que se elimine el déficit público".

Pero, según el ministro, conseguir estos fines no está sólo en manos del Gobierno: "Depende también de la libertad de las partes a la hora de fijar los salarios o los beneficios empresariales". Pero, aun reconociendo esta libertad, el ministro dijo que "el Gobierno tiene la obligación de emplazar a las fuerzas sociales para conseguir una mejor relación entre el crecimiento de los salarios y el del empleo".

Para alcanzar este acuerdo, lo fundamental, según Solchaga, no son las partes que intervengan ni si deben discutirse otros temas o no, o las contrapartidas que se exijan al Gobierno. "Lo importante es que las fuerzas sociales cambien su manera de enfocar la moderación y la prudencia en el desarrollo de nuestras rentas".

El líder de la oposición, José María Aznar, coincidió con el ministro de Economía en la necesidad de un pacto de competitividad. Este pacto, según Aznar, afectaría "al sistema fiscal, el control de la eficacia en el gasto público, las inversiones públicas, las prestaciones de los servicios públicos, los mercados y las leyes y la formación profesional".

A pesar de su disposición al diálogo, Aznar no desaprovechó la ocasión para lanzar un mensaje crítico: "Mirando hacia atrás ahora se tiene la sensación de que el Gobierno estaba tan convencido de la fortaleza del crecimiento económico español que quería protagonizarlo en solitario, y un año después lo que busca son compañías para el ajuste o al menos corresponsables para llevarlo a cabo".

Aznar acusó a la política económica de dar bandazos y de falta de credibilidad en sus objetivos, ya que, "aunque éstos son razonables, no se ponen en marcha los medios necesarios para obtenerlos". Para Aznar, el objetivo de la política económica debe ser conseguir un crecimiento estable y duradero, que pennita acercar los niveles de bienestar social a los de los países europeos.

El propio Gobierno, según Aznar, "ha venido ahora a reconocer algunos de los errores de los últimos años, que han contribuido a la intensificación de los equilibrios básicos que amenazan nuestro crecimiento económico: la inflación y el déficit exterior". Por ello, "si ahora nos enfrentamos al riesgo de ajuste, la responsabilidad debe atribuirse sobre todo a la política presupuestaria, que con su estímulo al consumo y el descontrol del gasto público ha desbordado el crecimiento de la demanda".