Dos abogados de Málaga, uno de ellos del PP, se suman al 'caso Prenafeta'

Dos abogados de Málaga, uno de ellos militante del PP, se han sumado al procedimiento judicial abierto en el juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona sobre las supuestas irregularidades cometidas por el secretario general de la Presidencia, Lluís Prenafeta. Los letrados Antonio Urdiales Gálvez y Héctor González Izquierdo presentaron una denuncia, a título personal, el domingo pasado en el Juzgado de Guardia de Málaga.El letrado Héctor González es miembro del comité ejecutivo provincial del Partido Popular en Málaga y también es el responsable de las relaciones con los medios de comunicación. El PP ha mantenido una actitud distante tras conocerse la investigación sobre Lluis Prenafeta y se ha limitado a recordar que todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia mientras dura un procedinilento judicial.

González Izquierdo manifestó ayer que la decisión de presentar la denuncia la tornó por criterio profesional, al margen de su militancia en el PP, informa Elena Blanco. El letrado explicó que la denuncia fue realizada la semana pasada, cuando el Fiscal General del Estado paralizó la querella elaborada por la fiscalía de Barcelona. El inicio de esta acción desde Málaga obedeció, según González Izquierdo, a la preocupación de que una posible conducta delictiva no fuera investigada. La denuncia de Málaga se apoya en varias informaciones periodísticas sobre la cuestión.

Por su parte, el grupo de 26 abogados catalanes que quieren ejercer la acción popular en el procedimiento judicial ampliaron ayer la querella presentada esta semana al entregar al juzgado una documentación relativa a la empresa Odisea 2.000 S A. En esta sociedad participa la firma Tipel S A, propiedad de la familia Prenafeta y que es objeto de investigación en las diligencias abiertas. Los letrados exponen en la documentación las relaciones existentes entre ambas firmas. Odisea 2.000 es la empresa a la que se adjudicó la realización de un gran centro comercial que se ubicará en el Port Vell de Barcelona, proyecto con una inversión mínima de 4.500 millones de pesetas. La adjudicación a Odisea 2.000 fue decidida el pasado 30 de octubre por el consejo de administración del Puerto Autónomo, entre cuyos miembros figuran tres representantes de la Genertalitat.

Autonomía del fiscal

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, afirmó ayer, en el programa de Radio Nacional Comedor de invitados, que ha obrado con una gran autonomía, sin atender directrices de ningún tipo. El fiscal jefe negó que su cargo este siendo instrumentalizado por ningún gobierno e insistió en que su trabajo no tiene vinculación con el Ejecutivo.

La juez encargada del caso, María Ángeles Gomis todavía no ha resuelto sobre la petición formulada por el sindicato CNT-AIT de ejercer la acusación particular.