Hacienda inicia contactos informales con expertos para la elaboración de el nuevo IRPF

La Secretaría de Estado de Hacienda ha iniciado esta semana un proceso de consultas informales con expertos ligados a los grupos parlamentarios y a las asociaciones de asesores fiscales para diseñar las líneas maestras de la nueva ley del impuesto sobre la renta y el patrimonio. Al tiempo, se ha iniciado el envío de una encuesta con 54 preguntas sobre aspectos entre los que destacan la fiscalidad del ahorro y de las rentas de capital, el sistema de tributación de la familia y la tarifa. Los 300 destinatarios de la encuesta son expertos fiscales, sindicatos, patronal e instituciones financieras.

Durante los últimos días, altos responsables del Ministerio de Economía y Hacienda han llevado a cabo contactos informales con diferentes expertos ligados a partidos políticos y a asociaciones de asesores fiscales. El objetivo es el interés del ministro de Economía, Carlos Solchaga, de pulsar todas las opiniones posibles antes de adoptar decisiones políticas sobre la reforma del impuesto sobre la renta y el patrimonio que se aprobará este año para su entrada en vigor en 1991.En esta primera toma de contacto, la Administración pretende sondear el estado de opinión sobre temas como el tratamiento fiscal del ahorro y de las plusvalías no especulativas, el sistema de tributación, de las familias y la configuración de la tarifa.

Según las opiniones recogidas entre los expertos consultados por Hacienda, el ministerio se propone discriminar con un tratamiento fiscal favorable las inversiones no especulativas Hacienda se inclina a favor de declarar libres de retención y tributación los rendimientos obtenidos por una cuenta de ahorro hasta cierta cantidad, que podría situarse en las 100.000 pesetas. Este beneficio Fiscal quedará reservado a las operaciones que no busquen una ganancia a corto plazo.

La misma idea es la que cobra fuerza en el tratamiento fiscal de las plusvalías o ganancias de capital. Se perfila que los incrementos de patrimonio obtenidos por la venta de diferentes activos, con una permanencia superior a cinco años, tributen fuera de la tarifa del IRPF. Al mismo tiempo, se contempla algún incentivo fiscal para las ampliaciones de capital efectuadas por los socios de empresas siempre que no coticen en bolsa, y otros diferentes para las sociedades que participan en los mercados de valores.

La reforma del IRPF y el patrimonio se produce tras la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero de 1989 que abrió la posibilidad de que los matrimonios realicen su declaración de impuestos por separado. La adaptación de julio del pasado año fue necesariamente continuista porque no era posible modificar la tarifa del IRPF. Por ello, una reforma radical habría supuesto una considerable pérdida de recaudación.

Ahora, la nueva ley abre varias posibilidades entre las que parece descartado el sistema spliting, que consiste en dividir por dos las rentas, aplicar la tarifa y volver a multiplicar por dos para calcular la cuota. Este sistema de origen alemán, aplicado en estado puro, sería poco equitativo, según Hacienda.

Por este motivo, se estudian otras alternativas, que van desde el actual sistema de deducción variable hasta el cociente familiar (un splitting corregido en función del número de miembros de la familia), o la doble tarifa. Este último es el sistema que, en principio, cuenta con más partidarios dentro del ministerio. Consiste en la implantación de dos tarifas, una para la declaración conjunta y otra para la separada.

Menos tramos

En cualquier caso, se llevará a cabo una reducción en el número de tramos de la actual tarifa. Según las impresiones recogidas por los expertos, de los 14 escalones actuales se pasaría a una media docena, en línea con la reforma fiscal llevada a cabo en Estados Unidos, en el Reino Unido y en otros países de la Comunidad Europea durante los últimos años.

De forma paralela a los contactos informales con expertos, el Ministerio de Hacienda ha elaborado una amplia encuesta con 54 preguntas sobre aspectos concretos de la reforma que ahora se emprende. Esta encuesta se ha empezado a remitir a expertos en fiscalidad, a sindicatos y patronal y a entidades financieras. Los destinatarios son en total unos 300.

La encuesta comienza con una introducción sobre las limitaciones de la política fiscal tras la incorporación española a la Comunidad Europea, al Sistema Monetario Europeo y ante el proceso de armonización fiscal. Como consecuencia de ello, el documento señala que "la política fiscal debe cobrar un mayor protagonismo ante la pérdida de capacidad de la política monetaria".

También se reconocen limitaciones a la política Fiscal, cuando se señala que "una tributación rigurosa del ahorro puede implicar un serio riesgo de deslocalización del mismo, ante la presión competitiva de otros países en un marco caracterizado por la libre movilidad de capitales".

El cuestionario se inicia con preguntas como la siguiente: "En relación a las grandes decisiones de política presupuestaria, cuáles serían las prioridades: incrementar la cantidad y calidad de los servicios públicos, contraer el aumento de los gastos, garantizar su eficiencia, incrementar la presión fiscal y la recaudación impositiva, mantener o reducir el déficit".

En el segundo apartado se desarrolla la acumulación de rentas y la progresividad del impuesto. Se plantea, por ejemplo, que "los tipos más altos de la tarifa y el nivel de renta al cual se alcanzan, son algunas de las cuestiones que han generado más debate, así como la búsqueda de tarifas más proporcionales y con menor número de tramos".

54 preguntas

Entre las preguntas formuladas se solicita una definición sobre el sistema más adecuado -deducción variable, splitting, cociente familiar, tributación independiente con carácter general, doble tarifa y otros- para adaptar el IRPF a la sentencia del Constitucional. Sobre la tarifa y su progresividad se pregunta, por ejemplo, si "el ajuste de la tarifa a la inflación debería ser automático o conviene mantenerlo discreccional". Y en cuanto al tratamiento por fuentes de renta se pide la opinión sobre si debería existir un trato más favorable a las que provienen, por ejemplo, del trabajo, los ahorros modestos, el capital mobiliario en general, el capital inmobiliario, las empresariales o profesionales y las plusvalías.

Después, la encuesta aborda el tratamiento fiscal del ahorro y de las rentas del capital y se pregunta, por ejemplo, si se cree que debe fomentarse el ahorro de las economías domésticas, o qué rendimientos del capital deberían estar sujetos a retención en origen.

Por último, la encuesta pulsa la opinión sobre otros aspectos, como la fiscalidad de la vivienda, el patrimonio, las fusiones, los no residentes y las comunidades autónomas.