Los 100 fiscales barceloneses apoyan a Villarejo, mientras Múgica avala a Torres en el 'caso Prenafeta'

Los 100 fiscales de Barcelona apoyaron ayer la actitud del fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, que se opuso a la orden del fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, de practicar más diligencias antes de dar vía libre a la querella contra el secretario general de la Presidencia de la Generalitat, Lluís Prenafeta. Los fiscales de Barcelona recordaron la igualdad de los ciudadanos ante la ley e insistieron en el "obligatorio ejercicio de la acción penal ante cualquier indicio de delito". El ministro de Justicia, Enrique Múgica, en cambio, avaló la actuación del fiscal general. Además, 30 abogados de Barcelona preparaban ayer el inicio de una acción judicial contra Prenafeta ante la paralización de la querella de la fiscalía.

El centenar de fiscales de Barcelona se reunió ayer para discutir sobre la querella elaborada contra Lluís Prenafeta y sobre la situación de conflicto planteada entre la jefatura de Barcelona y el fiscal general del Estado. Al término de la reunión los fiscales mostraron su apoyo a la actitud de Jiménez Villarejo. El texto del acuerdo señala que "el ministerio fiscal no tiene otra norma de actuación que la del riguroso respeto al principio de legalidad que implica, sin excepción ni acepción de personas, el obligatorio ejercicio de la acción penal ante cualquier indicio de delito". Este obligatorio ejercicio de la acción penal debe llevarse a cabo "excluyendo el principio de oportunidad". Es decir, rechazando la posibilidad de dejar de perseguir un delito porque lo que aconseje alguna circunstancia.

Acción popular

Por otra parte, uno de los promotores de la acción judicial contra la mano derecha de Jordi Pujol, el abogado Rafael Senra manifestó ayer que considera lícito ejercer la acción popular en este caso porque se trata de su puestas irregularidades cometidas por un representante del Gobierno catalán.El ministerio público es par te en todos los procedimientos y, por ello, si la acción popular es admitida a trámite, será el mismo fiscal quien intervendrá directamente en la instrucción, al margen del criterio del fiscal general. Senra precisó que las acusaciones a plantear como acción popular serían las mismas que figuran en el borrador de la querella. Éste indica que existían indicios de que la doble actividad del secretario general de la presidencia la de cargo público y la de consejero de la empresa Iberia, Compañía de Seguros, además de su relación con otras firmas- podía incurrir en irregularidades contempladas en el Código Penal, que sanciona al cargo público que tenga intereses en empresas o sociedades con ánimo de lucro.

La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, Ángeles García, anunció ayer a EL PAÍS que mañana se reunirá en Madrid la dirección de este colectivo para pronunciarse sobre el caso Prenafeta.

Los datos recabados

Mientras tanto, Torres reprochó ayer en Madrid, según informa que la información facilitada por Carlos Jiménez Villarejo sobre la ampliación de datos recabada por la fiscalía general (veáse EL PAÍS de ayer) no recogiera los extremos más técnico-jurídicos de la solicitud formulada. Torres pidió prioritariamente que se ampliara la querella con el "carácter de subvención o aval de los que se dicen otorgados por organismos públicos a las empresas participadas por el querellado" y "acreditar, aún a efectos indiciarios, el supuesto prevalimiento del querellado en la concesión de las subvenciones y / o avales en cuestión".En consecuencia, el fiscal general del Estado -según el documento completo remitido por fax a Jiménez Villarejo- solicitó al fiscal jefe de Barcelona que detallara el "organismo otorgante y competencias o facultades que sobre el mismo tuviera el querellado"; "mecanismo de la concesión (reglado o discrecional)"; "cumplimiento o incumplimiento de los requisitos objetivos de la concesión en relación con terceros solicitantes" y "carácter formal o efectivo del aval".

Según el fiscal general estos datos son necesarios "para poder evaluar con sentido de la responsabilidad la consulta" de Jiménez Villarejo. "Mientras no los tenga", añadió, "tengo la sensación de que me falta algo para pronunciarme". Torres precisó que los delitos de naturaleza económica tienen mayor complejidad que otros y que "si no se examinan bien pueden dar lugar a conclusiones equívocas y precipitadas".

El ministro de Justicia, Enrique Múgica, afirmó ayer en Valencia, según Efe, que la actuación del fiscal general es correcta en el caso Prenafeta. Múgica aseguró que el fiscal del Estado ha utilizado en este asunto "criterios de imparcialidad y legalidad recogidos en la Constitución y en el Estatuto Fiscal".

Por otra parte, Miquel Roca, secretario general de Convergència Democrática (CDC), sugirió ayer que Jiménez,Villarejo debería dimitir como fiscal jefe tras haber fracasado, con anterioridad, en su actuación en el caso Banca Catalana.

* Este artículo apareció en la edición impresa del jueves, 15 de marzo de 1990.

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