La inspección de Hacienda de Valencia, acusada de irregularidades por funcionarios y empresarios
Los empresarios y un numeroso colectivo de funcionarios afirman que Hacienda comete irregularidades sistemáticas en su labor inspectora en el País Valenciano. El ministro de Economía y Hacienda, Carlos Solchaga, no ha respondido a un informe de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en el que se expresaba esta opinión. Tampoco ha tenido respuesta una carta firmada por más de 60 subinspectores de Hacienda valencianos, dirigida a la Dirección General de Inspección en Madrid, cuyo titular es Manuel Bravo, en la que critican los métodos que se ven obligados a utilizar.
Allanamientos de morada, predeterminación de las multas que hay que imponer a las empresas y situaciones de indefensión son las acusaciones que efectúan los empresarios valencianos. Esta situación está creando un "clima de posible plante empresarial", en palabras del secretario general de la CEV, Luis Espinosa.Los métodos utilizados provocan malestar entre los propios funcionarios encargados de llevar adelante la inspección en el País Valenciano. Una carta firmada por más de 60 subinspectores fiscales, explica que "se vulnera el procedimiento administrativo" en la selección de contribuyentes, en la adopción de medidas cautelares o en la utilización sistemática de métodos indiciarlos para el cálculo de la facturación de las empresas".
Otra de las consecuencias que está acarreando este sistema es la solicitud de bajas por parte de inspectores y el arrinconamiento de otros, según fuentes de la propia inspección de Valencia. Los subinspectores explican en su escrito: "Hay actuarios [funcionarios de Hacienda] a los que a lo largo de un uño no se les ha asignado ningún contribuyente, mientras que otros tienen más de 30 contribuyentes encargados". Los funcionarios de la inspección de Hacienda cobran una parte de su sueldo de acuerdo con la cantidad de trabajo realizado.
Los empresarios considerar que el origen del problema es la configuración del País Valenciano como un "paraíso del fraude fiscal", en opinión de los altos responsables de Hacienda, que es compartida por funcionarios de Hacienda consultados por este periódico. También se utiliza esta zona como piloto para poner en marcha nuevos sistemas de averiguación.
Recursos
Asimismo, "el desmesurado afán recaudatorio" del actual jefe regional de la inspección, Alfredo Pérez Lodares, en palabras de Espinosa, es otra de las causas de esta situación. Esta recaudación no provoca unos mayores ingresos para Hacienda, porque los tribunales y las insolvencias se encargan de reducirla en la práctica.
Varias empresas han presentado recursos ante los tribunales utilizando el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, ante lo que consideran un abuso por parte de la inspección de Hacienda. La "abusiva utilización de métodos indiciarios" Para calcular la facturación de una empresa, en palabras de Luis Espinosa, ha llevado a situaciones inéditas.
Asesores fiscales recuerdan el caso del complejo OK, en la playa de El Puig, cerca de Valencia. Hacienda amenazó con multas a varios ciudadanos en el caso de ofrecer datos erróneos sobre sus banquetes en este complejo. Los amenazados debían recordar, cuatro o cinco años después, cuántos comensales adultos y cuántos niños acudieron a las celebraciones. Un error estaba castigado con 200.000 pesetas. Otro de los datos solicitados era si las servilletas utilizadas eran de papel o de tela.
Luis Espinosa explica que inversores foráneos comienzan a tener en cuenta el funcionamiento de la inspección antes de emprender alguna aventura económica en esta comunidad autónoma. Uno de los hechos que ha llevado a los subinspectores a denunciar la situación son las "constantes actuaciones por parte de la superioridad, que denotan una falta de confianza en la integridad profesional de los actuarios".
La CEV ha creado una comisión para asuntos fiscales a raíz de la situación en la inspección del País Valenciano desde hace unos tres años. En esta fecha se produjo la llegada a Valencia, procedente de Teruel, del actual inspector regional, Alfredo Pérez Lodares, quien no ha atendido las múltiples llamadas de este periódico para intentar ofrecer su versión de los hechos. El director general de la Inspección del Ministerio de Hacienda, Manuel Bravo, por su parte, declinó ayer hacer declaraciones al respecto.
