Defensa realiza auditorías en las unidades implicadas en ventas ilegales

El Ministerio de Defensa está realizando auditorías en todas las unidades en las que se han detectado presuntas irregularidades relacionadas con el escándalo de la venta masiva e ilegal de uniformes y equipos militares, según reveló ayer, ante la comisión correspondiente del Congreso, el titular de departamento, Narcís Serra, en respuesta a los diputados Antonio Romero, de Izquierda Unida, y Salvador Carrera, del Grupo Catalán.Aunque fue muy parco al aportar datos concretos, escudándose en el secreto de sumario, Serra reveló que ya ascienden a 15 los procesados por su implicación en este caso y que en el futuro habrá "previsiblemente otros procesamientos". A los 11 militares procesados en Madrid a finales de 1989, -cinco tenierites y seis suboficiales-, se sumaron, el pasado día 7, los dos hermanos Arjonilla, dueños de la empresa que comercializaba los bienes presuntamente sustraídos al Ejército (ver EL PAÍS del 11 de febrero y el 1 de marzo).

En el sumario abierto por el juez territorial de Sevilla, que ha pasado al Tribunal Militar Central número uno por existir indicios de implicación de un jefe del Ejército, han sido procesados, igualmente, un civil y un capitán.

A pesar de que se han descubierto derivaciones del escándalo en unidades de toda España -Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Burgos, Valladolid, Vitoria y La Coruña-, el ministro afirmó que no se ha podido demostrar la existencia de una verdadera red, ya que no existía más conexión entre los militares implicados que la de comerciar con la misma empresa.

Entre las medidas adoptadas por Defensa para evitar que se repitan este tipo de actuaciones, Serra subrayó la eliminación total, desde hace unos dos años, de los llamados fondillos, cuentas irregulares de que disponían las unidades para hacer frente a sus gastos corrientes y la puesta en marcha del Plan Sigle, destinado a informatizar la gestión logística del Ejército. El titular de Defensa destacó su interés por cooperar con la investigación judicial y por "demostrar que estos comportamientos no se han generalizado, sino que se limitan a un reducido grupo de miembros del Ejército".

En la misma comparecencia, Serra reveló que su departamento estudia la exigencia de responsabilidades civiles a la empresa francesa Matra, fabricante de la munición empleada por dos aviones F-1 que, el 13 de junio pasado, se estrellaron cuando hacían ejercicios de tiro en las Bardenas (Navarra). Defensa está a la espera de que se confirme que los accidentes fueron originados por defectos de la munición, imputables a la casa fabricante.