Los interventores del Estado anuncian una huelga de celo
La asamblea de los interventores del Estado decidió ayer convocar una huelga de celo o trabajo a reglamento con carácter indefinido. La mayoría de los 166 interventores que participaron en la asamblea celebrada ayer -sobre un colectivo de 186- acordaron adoptar esta medida de presión ante la falta de voluntad política para el control del gasto público", según declaró ayer Luis Romasanta, presidente de la asociación profesional que agrupa a los interventores.La huelga de celo de los interventores se notará en que se tardará más tiempo en la tramitación de los expedientes de pago pero no afectará al cobro de las nóminas de los funcionarios públicos. La huelga afecta a los inspectores de finanzas del Estado adscritos al control de la actividad económica y financiera del sector público estatal. Esta huelga se une a la que llevan a cabo desde principios de año los inspectores y los subinspectores de Hacienda, por diferentes motivos.
En la tabla reivindicativa aprobada ayer por los interventores del Estado se requiere al ministro de Economía, Carlos Solchaga, "todo el impulso y la mayor atención al control del gasto público".
El detonante del malestar de los interventores de Hacienda ha sido la retirada del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del capítulo que regulaba las competencias, actuaciones de control y sanciones relativas a concesión y disfrute de subvenciones públicas.
La falta de acuerdo en el Consejo de Ministros sobre uno de los aspectos del control de las subvenciones públicas -el control de eficacia- impidió que prosperara la iniciativa del Ministerio de Hacienda. Según fuentes del Ministerio de Administraciones Públicas, "el único punto de desacuerdo es que el control de la eficacia en la concesión de subvenciones públicas corresponde a los gestores del gasto porque forma parte de su responsabilidad política".
Eficacia
Los interventores del Estado señalaron ayer que este control debe ser compartido por los gestores con un órgano independiente, en este caso, la Intervención del Estado. En este sentido, los interventores reclaman que se "refuerce la independencia entre órgano gestor y órgano controlador, como garantía de funcionamiento correcto de la asignación de los recursos públicos".En opinión de los interventores, la dependencia o no del Ministerio de Hacienda es secundaria, "lo importante es que se pongan los medios para realizar el control interno".
Asímismo, solicitan que se apruebe el reglamento de control financiero, el de la función interventora y el de contabilidad. Además, reclaman del Consejo de Ministros un acuerdo "que clarifique el control de las subvenciones de la Comunidad Europea".
El reglamento de control financiero que la Intervención del Estado propuso el pasado año no ha prosperado hasta la fecha. Al tiempo, el Ministerio de Administraciones Públicas realizó otra propuesta de modernización del funcionamiento del aparato del Estado que tampoco ha salido adelante. Fuentes de este ministerio confían en que, una vez enviados a las Cortes los Presupuestos del Estado, sea posible reiniciar el debate.
Los interventores rechazaron ayer las acusaciones de que su actual protesta obedezca a razones corporativas o a la petición de mejoras en sus actuales retribuciones. "Éste no es nuestro frente de batalla, lo que pretendemos es ofrecer una seguridad al administrado de que los recursos que se le detraen mediante el pago de los impuestos se destinan a los fines correctos", según explicó Romasanta.
Para ello es necesario también "que se dote a la Intervención del Estado de medios materiales y personales, así como acortar los escalones jerárquicos entre este organismo y los máximos niveles de decisión del Ministerio de Economía y Hacienda", según los interventores.
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