Asturias creará un Defensor del Pueblo de la Tercera Edad

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Principado de Asturias creará la figura del Defensor de la Tercera Edad y proseguirá con el cierre cautelar de residencias de ancianos que no cumplan los requisitos de higiene, seguridad y habitabilidad que exige la legislación regional, aprobada en mayo de 1988. La pasada semana, la Consejería ordenó el cierre de dos nuevas residencias.Con esta figura se pretende dar cauce y atender todo tipo de denuncias sobre malos tratos o abusos económicos de que pudiera ser objeto este sector de la sociedad. Se extremará, asimismo, el control de los precios y se regularán con mayor precisión los derechos y obligaciones de dichos establecimientos. Con ello se pretende completar la actual reglamentación regional, atendiendo así las indicaciones realizadas por el defensor del Pueblo, Álvaro Gil Robles.

En Asturias se ha detectado hasta el momento la existencia de 97 residencias, de las que sólo 55 han superado hasta ahora la inspección. Las 42 restantes están pendientes de introducir las reformas para reducir el hacinamiento y mejorar sus condiciones de higiene.

Cierre de residencias

El cierre cautelar de dos nuevos centros (uno, por masificación, y el otro, por no permitir el acceso a una inspección) se produjo después de haberle sido concedida una moratoria de dos meses para normalizar su situación. Los propietarios de dichos establecimientos han alegado que ninguno de sus residentes han manifestado descontento por el trato que reciben, y que el cierre de las residencias supone dejarles en la calle. El pasado mes de agosto se cerraron cautelarmente tres residencias. Dos de ellas han vuelto. a abrir tras introducir las correcciones indicadas. La directora general de Salud Pública, María Luisa Carcedo, asegura que se pretende obligar a los centros a mejorar sus condiciones de habitabilidad.