Frenar la muerte

LA NUEVA ley sobre Tráfico, Circulación y Seguridad Vial, aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros, incluye medidas sobre límites de velocidad, normas preventivas complementarias y aumentos de sanciones para los infractores. El incremento de la siniestralidad ha sido vertiginoso en los últimos años en casi todos los países, incluyendo destacadamente a España. En 1989, el número de muertos ha sido entre nosotros de 6.500, casi un 20% más que el año anterior. De esas víctimas, el 30% se registró en vías urbanas, y el 70%, en rutas interurbanas, proporción inversa a la de Francia, por ejemplo. Otros datos: en 1989, el número de víctimas mortales entre conductores de motocicletas se elevó en España en un 106% los accidentes de conductores de vehículos motorizados de dos ruedas, especialmente ciclomotores, suponen ya la primera causa de mortalidad juvenil. El 24,5% de los accidentes mortales, unos 1.600, tuvo por causa el exceso de velocidad, y al menos el 5%, la embriaguez de los conductores.A la vista de algunos de los datos anteriores, sorprende que se haya tardado tanto en implantar normas como las contempladas en la nueva ley respecto a medidas obligatorias de seguridad de los conductores. Va a ser obligatorio el uso de cinturones de seguridad, tanto en carretera como en vías urbanas, en todos los asientos del coche, y no sólo, como hasta ahora, en los delanteros. Se considera que unas 700 personas de las que en 1989 fallecieron en accidentes de circulación hubieran salvado la vida de llevar ajustado el cinturón de seguridad. También será obligatorio el uso de casco protector para los conductores de todo tipo de motocicletas, incluidos los velomotores, y tanto en ciudad como en carretera. Y se extremarán las medidas de control de alcoholemia.

No se acaba de entender la razón del aumento de los límites tolerados de velocidad en autopistas y autovías rápidas. En los países que, como Francia, más en serio se han tomado las medidas preventivas contra los accidentes, la tendencia es a disminuir esos límites. Las presiones de los fabricantes de vehículos no debieran ser argumento suficiente. Las asociaciones de consumidores denunciaron hace poco la publicidad realizada por algunas marcas, que incita a incumplir la ley al hacer mención en sus mensajes a la velocidad, muy superior a la legal, capaz de ser desarrollada por sus modelos. En cuanto al espectacular aumento de las sanciones, la experiencia de algunos municipios que ya ensayaron medidas drásticas al respecto parece indicar la ineficacia de tales aumentos si no van acompañados de mecanismos que garanticen el cobro de las multas. Y, en todo caso, esas multas deben ser proporcionadas.