El Tribunal de Cuentas considera insuficientes los mecanismos para fiscalizar a los partidos

El Tribunal de Cuentas considera insuficientes los mecanismos actuales para fiscalizar las finanzas de las organizaciones políticas, y sugiere a las Cortes la posibilidad de modificar la vigente ley de financiación, a través del informe sobre la contabilidad de los partidos políticos correspondiente a 1987, ya remitido a las Cortes. El Tribunal de Cuentas menciona también la existencia de dos grupos políticos, el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) y el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), que no presentaron su contabilidad correspondiente al ejercicio de 1987.

Esos mismos partidos persistieron en su actitud al año siguiente, y a ellos se sumó Centristas de Galicia -coligado con el Partido Popular-, lo cual originó una queja del Tribunal al Congreso de los Diputados.El Tribunal de Cuentas ha elaborado un voluminoso infórme, de tres tomos, sobre las cuentas de los 22 partidos políticos con representación parlamentaria, con vistas a su aprobación definitiva antes de remitirlo a las Cortes. La importancia de ese documento es grande, puesto que se trata del primero que se hace público sobre las finanzas de los partidos políticos en Espafia.

En el documento, a modo de conclusión, se contempla la necesidad de conseguir una mayor transparencia. El informe recalca la necesidad de que los balances contables sean consolidados -es decir, que se consideren conjuntamente todas las actividades económicas de los partidos-, ya que los datos aportados hasta ahora permiten conocer, en el mejor de los casos, la situación de los aparatos centrales, pero no de las organizaciones en su conjunto.

El tribunal sugiere además que se establezcan medios eficaces para recabar con éxito los,documentos contables de los partidos, evitando así enojosas situaciones como las creadas durante los años anteriores, cuando la investigación del Tribunal se vio colapsada por la falta de colaboración de determinados partidos, Parlamentos autonómicos y las propias Cortes.

Según datos en poder de este periódico, existe un documento, fechado el 16 de octubre de 19,89, dirigido por el Tribunal a la Mesa de la Diputación Permanente del Congreso, en el que se quejaba de que tres formaciones políticas -Centristas de Galicia, Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE) y Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC)no le habían presentado sus contabilidades de gastos e ingresos correspondientes al ejercicio de 1988. Estos dos últimos tampoco lo habían hecho el año anterior.

En el escrito del Tribunal al Congreso se mencionaba al PCE como la fuerza política que se había resistido a informar de su contabilidad, pero se ha aclarado que eso era debido a un error mecanográfico, puesto que el PCE sí presentó sus cuentas.

Los afectados se explican

En su respuesta, remitida un mes más tarde, la Diputación Permanente de las Cortes alegó que carecía de potestad para exigir la contabilidad a los partidos. Por la misma época el Tribunal de Cuentas remitió oficios a todos los Parlamentos Autónomicos, recabando información sobre las ayudas públicas otorgadas a los partidos y grupos parlamentarios: muchos de ellos -que las fuentes informantes no han querido identificar- se han negado igualmente a facilitar datos.

El secretario general de Centristas de Galicia, José Luis Baltar, confirmó que este grupo, coligado con el Partido Popular, no presentó las cuentas de 1988 dentro del plazo legal, que finalizaba en junio d . e 1989, aunque sí lo hizo en octubre de ese año. Según Baltar, el tribunal les puso reparos y les exigió otros documentos que fueron entregados el pasado mes de enero.

Miguel Rosello, actual responsable de finanzas del PCPE, reconoce que su partido no entregó la contabilidad de los ejercicios de 1988 y 1987, a causa de "una confusión", toda vez que este partido se encontraba dentro de la coalición Izquierda Unida, y ellos creían que IU era la obligada a rendir cuentas. El portavoz del PCPE agregó que posteriormente tampoco se habían entregado. "De todas maneras, tenemos pocas cuentas que rendir", ironizó.

El PSUC, por su parte, afirma que envió dentro de plazo la contabilidad de 1987, pero no la suya propia, sino la de la coalición Unió de VEsquerra Catalana, formada por la Entesa dels Nacionalistes d'Esquerra de Catalunya y el propio PSUC. El Tribunal de Cuentas devolvió esta contabilidad al PSUC, alegando que la fiscalización debe realizarse partido a partido y no por coaliciones. Sin embargo el PSUC no corrigió nada y no envió ningún otro documento al Tribunal.

Oficialmente, el PSUC continúa considerando válida la documentación enviada sobre 1987 y alega que "está en regla", aunque no descarta que en el fondo exista un problema de interpretación de la ley. Con respecto a la contabilidad de 1988, reconoce no haber enviado ni un sólo papel -el plazo para ello finalizó en junio de 1989-, alegando que el partido se está sometiendo a una auditoría interna. Pretende remitir la auditoría, en vez de los balances contables, según un portavoz del PSUC. El Tribunal de Cuentas ha advertido que no puede aceptar una auditoría como material de trabajo, sino que necesita los libros de cuentas.

Una maraña

En general, la fiscalización de las coaliciones se ha enredado en una maraña de dificultades e inhibiciones. El Partido Liberal, cuando era miembro de Coalición Popular, presentó un primer informe, pero al ser requerido para que entregara los justificantes de gastos, contestó al Tribunal que los buscara por su cuenta en los archivos de la Fundación Canalejas. El Tribunal contestó que carecía de personal para ello, los dirigentes liberales replicaron que ellos tampoco y al final el partido contrató a una persona para realizar esa labor, con el consiguiente retraso respecto al plazo legal marcado.

La propia Alianza Popular presentó sólo la contabilidad del segundo semestre de 1987, alegando que la ley de Financiación había entrado en vigor en julio.