Bocanegra cree que el anterior equipo municipal montó un servicio secreto con varios vehículos camuflados

El concejal de seguridad, Fernando Bocanegra, ha ordenado a los mandos de la Policía Municipal la búsqueda de otros vehículos similares, a la furgoneta espía descubierta en la Unidad de Protección Ciudadana de la Casa de Campo. Fuentes municipales sospechan que el anterior equipo socialista montó un servicio secreto de información, compuesto por varias motocicletas camufladas como pertenecientes a una empresa de mensajería, dos furgones Apolo y tres automóviles sin ningún distintivo. Izquierda Unida dice que la furgoneta puede haber servido "para hacer algo muy fuerte, en plan de trabajo sucio".

El responsable de la Policía Municipal ha mandado a sus colaboradores más directos que se dediquen de lleno a la búsqueda de cualquier documento que pueda servir para aclarar quién dispuso la creación de este extraño servicio secreto de información.El centrista Bocanegra también tiene interés en descubrir la posible existencia de otros furgones, automóviles o motocicletas que pudieran haber sido utilizados por estos misteriosos agentes. Según el citado concejal, cuando él se hizo cargo del Área de Seguridad y Policía Municipal, vio que había una lista de 40 agentes que presuntamente pertenecían a esa unidad, ya que habitualmente vestían de paisano.

En el expediente documental recopilado hasta ahora hay muy pocos papeles que aclaren cómo se gestó esta sección de servicios especiales. Entre estos documentos hay un escrito enviado el 4 de octubre de 1988 por el oficial Albejara al subinspector Morales en el que dice que "con frecuencia se ha tenido que adquirir en establecimientos del ramo material fotográfico" destinado a los servicios especiales. Albejara sugiere la posibilidad de que les sean facilitadas películas de 800 ASA procedentes de los equipos de rádar o de la Unidad de Tráfico de la Policía Municipal.

Bocanegra manifestó que tiene la certeza de que el televisor, la filmadora, las cámaras fotográficas, los prismáticos y el resto del equipamiento de la polémica furgoneta fueron adquiridos con dinero del capítulo 211 (el referido a gastos de material de oficina para la Academia de Policía Municipal).

Entre las escasas facturas hay una de 135.000 pesetas "para prototipos de telecomunicaciones" destinados al furgón, otra referida a la adquisición de tres detectores de metales, 17 placas de metacrilato por importe de 45.626 pesetas, etcétera.

En otro papel manuscrito y rubricado con una firma ilegible se indica que el furgón será utilizado para operaciones de control antidroga "y otras que se estimen oportunas". Entre las operaciones que "se estimaron oportunas" está la realizada en octubre de 1988 en la colonia del Marqués de Suanzes, donde un grupo de vecinos se enfrentó a la Policía Municipal para mostrar su oposición a que el barrio fuera atravesado por una carretera (ver EL PAÍS de ayer).

Por su parte, el concejal Francisco Herrera, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, declaró: "Nos parece que ésto de la furgoneta no es ninguna anécdota, sino algo muy serio. Ahí está el hecho objetivo de la existencia de una furgoneta de espionaje e información atípica, haciendo algo que no es la función de la Policía Municipal".

"Estoy controlado"

Herrera añadió: "Yo tengo muy claro que estoy controlado". Y por último se mostró "convencido de que con esta furgoneta han hecho algo muy fuerte, en plan de trabajo sucio".

Félix López Rey, concejal de IU y miembro de la comisión de Seguridad del Ayuntamiento, indicó que ésto "es la punta de un iceberg" y adelantó que su grupo pedirá "una investigación en profundidad", sin descartar la presentación de una querella "porque supone una ilegalidad flagrante".

"Nos huele muy mal porque ha habido una ocultación manifiesta. Yo he asistido desde julio de 1987 a todas las comisiones y juntas locales de seguridad, sin que en ninguna de ellas se hablase de este servicio de información", dijo López Rey.

Isabel Vilallonga, portavoz de IU en la Asamblea de Madrid, ha presentado una proposición no ley para que "se regulen con carácter homogéneo para los Ayuntamientos de la Comunidad los criterios básicos para el ejercicio de las policías locales en prevención de actos delictivos y de seguridad pública". Vilallonga se pregunta si los servicios especiales de la Policía Municipal no habrán "invadido las competencias de policía judicial que el artículo 126 de la Constitución hace depender del Poder Judicial".