El coste de la democracia parlamentaria

A cada español le costó una media de 500 pesetas anuales la organización de las elecciones y la financiación de los partidos políticos durante los últimos cuatro años. Esta cuota se elevó a casi 800 pesetas en 1989, debido a la celebración de tres convocatorias electorales separadas.En cualquier caso, no es un precio caro, frente al coste brutal de la corrupción durante las dictaduras. Pero sí hay un triple problema: cómo se realiza la distribución de toda esa masa de dinero público entre las fuerzas políticas, de qué manera se garantiza a los ciudadanos un buen uso del mismo y cómo se consigue atajar las vías irregulares.

El elevado peso de los gastos de organización de las elecciones pone de manifiesto importantes desviaciones de las previsiones presupuestarias. La cantidad efectivamente gastada -49.559 millones de pesetas- ha sido casi cinco veces superior a la inicialmente presupuestada para estos cuatro años. Esta amplia diferencia entre las cantidades presupuestadas y las efectivamente gastadas obedece a la anticipación de algunos procesos que no se habían previsto y tampoco presupuestado, tal como ocurrió con las legislativas en 1989. A su vez refleja deficiencias de técnica presupuestaria.

Error reiterado

Llama la atención el reiterado error de presupuestar cantidades significativamente inferiores a las ya gastadas por los mismos conceptos en ejercicios anteriores (ver cuadro adjunto). Fuentes del Ministerio de Hacienda precisaron, sin embargo, que los interventores de la Administración se han preocupado de que no hubiera desviaciones de estos recursos hacia otras actividades.

Los recursos para atender los gastos de los procesos electorales son proporcionados por el Ministerio del Interior y con ellos se hace frente a los costes de material (papeletas, cabinas, urnas, gastos telefónicos), personal (dietas a los miembros de las mesas, dietas de las fuerzas de seguridad, Policía Municipal, traslado de electores) y propaganda e información (sondeos preelectorales, avances de resultados, campañas institucionales y divulgación de la normativa electoral en prensa, radio, televisión y vallas). Con estos recursos se financian la totalidad de los gastos en las elecciones legislativas, municipales, europeas y en el referéndum de la OTAN y parte de las elecciones autonómicas.

El primer salto importante en el incremento de estos gastos se registró en 1986, año en que se celebró el referéndum de la OTAN y que probablemente generó un gasto muy superior al previsto. Sin embargo, la falta de una explicación detallada de las desviaciones sobre los presupuestos, que en conjunto suponen un volumen de 38.910 millones de pesetas -y que tampoco ha despertado ninguna inquietud en los partidos políticos- impide un conocimiento más riguroso de las causas reales de las desviaciones producidas.

La abundancia de convocatorias, por otra parte, endeuda a los partidos y genera nuevas necesidades de tirar de la teta del Estado para restablecer un mínimo equilibrio en el sistema. El resultado es una necesidad constante de más apoyo público para que pueda mantenerse el sistema de partidos en España.

Los recursos destinados a subvencionar a los partidos políticos durante estos últimos cuatro años han alcanzado los 36.611 millones de pesetas. Existen tres fuentes de financiación distintas. La más importante es la subvención anual, regulada inicialmente por la ley 54/1978 que establecía que cada partido percibiría anualmente una cantidad fija por escaño obtenido en cada una de las dos cámaras y otra cantidad fija por cada uno de los votos obtenidos.

En 1987 entró en vigor la ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre Financiación de Partidos Políticos, que estableció importantes innovaciones. Exigió la obligación de presentar la contabilidad de los partidos al Tribunal de Cuentas para que este organismo fiscalizara los fondos públicos utilizados y tuviera conocimiento de las vías privadas de financiación. Hasta la fecha, el Tribunal de Cuentas no ha podido fiscalizar aún la contabilidad de los partidos de 1987. Ello ha sido debido a la insuficiencia de la documentación presentada por la mayor parte de las fuerzas políticas.

Cabe destacar que en 1987 se registró un incremento superior al 100% por esta vía de financiación. Este aumento fue establecido en los presupuestos de 1987 y, por tanto, decidido seis meses antes de que entrara en vigor la nueva ley, lo que indica una manifiesta voluntad del Gobierno -de acuerdo con otros partidos- para aumentar sus recursos dé forma significativa.

En total, la vía de la financiación directa a los partidos ha proporcionado al conjunto de ellos 25.979 millones. Las otras dos vías de financiación son las subvenciones por gastos electorales y las aportaciones de las Cortes a los grupos parlamentanos, que suponen 6.577 y 4.059 millones de pesetas, respectivamente

Apoyo al PSOE y al PP

Pero no todos cobran lo mismo. Según fuentes del Ministerio del Interior, que han facilitado datos del trienio 1987-1989, el PSOE y el PP han sido los más beneficiados por el apoyo financiero del Estado a las fuerzas políticas. De los 29.353 millones pagados a una quincena de organizaciones en ese período, el PSOE ha recibido 15.242 millones, y el Partido Popular, 8.730. Por tanto, los socialistas han contado con el 52% del dinero público, y el PP, cerca del 30%.

Esta distribución es fruto de los criterios de las leyes electoral y de financiación de partidos, que, al tener en cuenta tanto el número de escaños obtenidos como el de votos, favorecen a los partidos que obtienen más representación parlamentaria. Ello supone un trato privilegiado a los partidos mayoritarios y a los nacionalistas y regionalistas. Desde el punto de vista económico, algunos partidos pierden recursos al no obtener escaños, a pesar de contar con una elevada cifra global de votos.

En la mayoría de los países democráticos, la financiación pública es importante para las fuerzas políticas; pero en España parece haberse convertido en la partida más importante, porque la afiliación es mínima. Tanto el PSOE como el Partido Popular reconocen cifras inferiores a los 250.000 militantes, mientras el CDS o el PCE apenas alcanzan los 50.000.