Menos drogas y más baratas

Mientras los consumidores están convencidos de que la ley del Medicamento garantizará la calidad, seguridad y uso de los fármacos, los mecanismos previstos para lograr este objetivo desatan la protesta desde los sectores profesionales. El control público sobre la prescripción facultativa y la ordenación farmacéutica preocupa a médicos y a titulares de farmacias. Mucho más; preocupa a los laboratorios la posibilidad de que el Estado elabore listas negras de medicamentos y deje de financiar aquellos que no considere útiles.En los próximos cinco años se habrán adecuado a la ley del Medicamento las más de 9.000 presentaciones farmacéuticas registradas en España y definido aquellas que en adelante sufragará la Seguridad Social, teniendo en cuenta su utilidad terapéutica y social, las características de las distintas patologías y las necesidades de los grupos sociales. La nueva normativa prevé sustituir un régimen de financiación pública indiscriminada por otro preferencial que busca primar los medicamentos necesarios y penalizar hábitos de consumo negativos.

La financiación discriminada en función de la utilidad terapéutica y social abre la posibilidad, como ocurre en la mayoría de los países europeos, de establecer listas positivas y negativas de medicamentos, origen de la Polémica suscitada desde los laboratorios. "Tras ese eufemismo se trasluce un recorte del Insalud en la oferta pública del medicamento", afirman portavoces de la industria farmacéutica.

Prohibir los placebos

Farmaindustria cree que excluir del arsenal terapéutico disponible para el paciente determinados medicamentos por su valoración social, permitirá la introducción de factores extrasanitarios en la prestación farmacéutica de la Seguridad Social. "En ningún caso son los medicamentos los que se clasifican, en tanto todos son útiles terapéuticamente", insiste la patronal, "unas veces como instrumento curativo, otras como paliativos o supresores de síntomas"." ¿Podemos discutir la filosofía adoptada mayoritariamente en la Comunidad Europea?", pregunta Ignacio Lobato, director general de Farmacia, quien asegura que las actuaciones; de la Administración en este aspecto tendrán el refrendo político y técnico de las correspondientes comisiones nacionales previstas en la ley. "Intentamos armonizar los intereses sanitarios y los legítimos de la industria farmacéutica, pero siempre potenciando los primeros", dice Lobato.Se trata, en primer lugar, de prohibir los placebos -prepados inocuos y sin efecto- y limitar el gasto público en grupos de medicamentos de "relativa" utilidad terapéutica como los vasodilatadores Periféricos, descongestionantes, laxantes o antiácidos, entre otros. La mano de la Administración va más allá. La idea, según Lobato, es que "los avances sociales se consoliden", dejando al Gobierno la posibilidad de modular la participación en el pago en función de las necesidades y poder adquisitivo de cada grupo social.El Consejo General de Farmacéuticos coincide con la FEFE en calificar de "difusa" la planificación de las oficinas de farmacia en cuanto a las condiciones de concertación con el Sistema Nacional de Salud y critica la cuantía de las multas previstas, por entender que atentan no sólo a la viabilidad económica de la oficina sino al patrimonio del farmacéutico. Alberto Berguer, presidente del Consejo General de Colegios Médicos, es tajante al afirmar que el proyecto legislativo "vulnera el derecho al libre ejercicio de la profesión" por cuanto faculta a la Administración sanitaria para intervenir en la valoración de la prescripción. Para Berguer la ley también "discrimina", porque establece que "sólo las personas calificadas que presten sus servicios en el Sistema Nacional de Salud o en los centros públicos de. investigación y desarrollo tecnológico tienen el derecho y el deber de participar en el control de los medicarnentos".La Unión de Consumidores de España (UCE) cree que la nueva ley "supone para el consumidor la garantía de que los medicamentos comercializados serán seguros, eficaces y de calidad". La UCE destaca la creación de una comisión consultiva en la que exigen la presencia de los consurnidores. El modelo de prospecto que regula la futura ley "cubre perfectamente el derecho a la información del consumidor". Los consumidores destacan también "la exigencia de cierres de seguridad en los envases de medicamentos", para prevenir accidentes en personas disminuidas y en niños.

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) cree que el proyecto es "inadecuado e insuficiente para el correcto control de los fármacos", ya que deja una parte muy importante de su contenido al desarrollo reglamentario. Esta federación, de carácter progresista, acusa a la Administración de hurtar al Pleno del Congreso de los Diputados el debate del texto, ya que se hará sólo en la comisión correspondiente.

Dinero negro

Para la FADSP, no existe garantía en la composición de las comisiones de evaluación y regulación de los fármacos, ya que "no asegura su absoluta Irnparcialidad respecto a los intereses comerciales", por lo que se hace necesario regular las incompatibilidades.Los ensayos clínicos previos a la autorización de los diferentes fármacos "carecen en el texto de las suficientes garantías", ya que, por ejemplo, "no se señala la necesidad de que se realicen ensayos doble ciego, que son los preceptivos de la normativa comunitaria". Tampoco queda claro en el texto la necesaria transparencl a económica en cuanto a clarificación de las fuentes financiadoras de los proyectos.Para los defensores de la sanidad pública, el hecho de que se pretenda obligar a tener tres años de ejercicio previos para ser titular de una oficina de farmacia, "sólo serviría para favorecer el dinero negro". La FADSP advierte sobre la no regulación mediante receta de las hormonas y antibióticos, ya que pueden ser usados indiscriminadamente para los animales.

El texto es ambiguo respecto a la financiación, por lo que sugieren que se establezca un grupo de medicamentos esenciales, que deberían ser gratuitos para el usuario, una limitación de las aportaciones de los pacientes hasta un 25% del precio del fármaco, la financiación discriminada de productos que no tienen probada su eficacia y la gratuidad de los medicamentos a los ciudadanos en situaciones de precariedad económica.