Otra etapa en. TVE

CUANDO TODO indicaba que la continuidad de Luis Solana al frente de RTVE estaba asegurada al menos hasta que las fuerzas políticas parlamentarias lograsen un acuerdo para la renovación de su consejo de administración y la eventual elaboración de un nuevo estatuto jurídico, el Gobierno ha reaccionado con el nombramiento por sorpresa de su sucesor. Las razones últimas que han podido inclinar al Ejecutivo a la sustitución repentina del hasta ahora director general por Jordi García,Candau, periodista de la radio pública que accedió en 1986 al Consejo de Administración de RTVE representando al PSOE, quedan en el arcano de sus pensamientos. En cualquier caso, es un extraño modo de iniciar un consenso.El nombramiento del nuevo director general de RTVE se produce en circunstancias legales dudosas, como son las que se derivan de la existencia de un Consejo de Administración de RTVE en funciones -el constituido en 1986-, y, por tanto, con una representatividad política no ajustada a los resultados electorales del 29 de octubre.

Si el cambio real de RTVE dependiera en exclusiva de los que se suceden al frente del ente, el continuismo estaría servido. Porque, antes que por sus dotes de mando, profesionalidad o capacidad de gestión -de las que hay que beneficiar en principio a García Candau-, estas personas son elegidas por su proximidad al poder y por la fidelidad sin fisuras a sus directrices. Es un criterio que los Gobiernos socialistas han aplicado con rigor no sólo a la designación de los directores generales de RTVE, sino al de los responsables de otras instituciones del Estado, como ha sucedido con el último relevo al frente de la Fiscalía General.

Desde esta perspectiva, las específicas características personales y profesionales del candidato a ocupar el cargo público en cuestión sólo son relevantes en una segunda lectura. Jordi García Candau y Luis Solana muestran señas profesionales muy diferentes, y seguramente sus perfiles personales también son distintos, pero ambos son, sin duda, leales servidores de quien los nombra.

Mientras tales criterios no varíen, esta cuestión seguirá distorsionando la credibilidad de un medio de comunicación obligado a respetar "el pluralismo político, religioso y social". Por ello es imprescindible una reforma del Estatuto de RTVE, claramente favorecedor, en su actual redacción, del arbitrismo y de la utilización por el Gobierno de turno de la única oferta televisiva pública que llega a todos los españoles. El principal punto de dicha reforma sería la supresión de la facultad del Gobierno de nombrar al director general de RTVE, trasladando tal responsabilidad al ámbito decisorio -como ocurre en cualquier empresa pública o privada- de su consejo de administración. Siempre y cuando que, naturalmente, se establezcan las garantías necesarias para que los consejeros sean elegidos por el Parlamento efectivamente entre "personas de relevantes méritos profesionales", y no, como ocurre ahora, designados en virtud de razones de reparto de poder. Cualquier cosa antes que mantener una situación que lleva al absurdo de que el director general, nombrado en virtud de criterios políticos, disponga de amplísimos poderes y sólo responda ante quien lo nombra, esdecir, el Gobierno, mientras que el consejo de administración, llamado a representar a la sociedad, apenas ejerce otro control que el testimonial sobre la gestión del medio.