La 'guerra de los contratos' no tendrá' lugar

El autor personaliza en el presidente de la patronal el revuelo que se ha armado estos días con ocasión de los acuerdos entre el Gobierno y los sindicatos sobre los procedimientos concretos para materializar el derecho de información de los representantes legales de los trabajadores en la empresa, la colaboración de éstos con la Inspección de Trabajo y el papel de las comisiones provinciales del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en el seguimiento de la contratación laboral.

El revuelo parece tratarse sobre todo de una cuestión personal, ya que el alcance de estos acuerdos se ha magnificado y deformado hasta lo estrafalario, para utilizarlos como leit-motiv del escándalo que el jefe de la patronal ha decidido organizar, exhibiendo unos modales y una ligereza de expresión poco habituales.Quizá el hecho tenga que ver con las próximas elecciones a la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). El actual presidente y probable candidato a la reelección ha encontrado un buen motivo de notoriedad y parece tratar de provocar con este asunto uno de esos movimientos de chovinismo que se producen en las organizaciones cuando sus jefes excitan los reflejos de autodefensa de las masas esgrimiendo agresiones imaginarias.

El presidente de la CEOE lleva unos días propinando mamporros verbales a todo el que se pone por delante, seguramente con la finalidad de provocar una réplica que resulte amenazadora a los ojos de sus electores. Para lograrlo no ha dudado en recurrir a la agresión verbal, comenzando por aquella imagen tan velazqueña que quiso ofrecer al sustituir la mesa de negociación por la de El triunfo de Baco -vulgo Los borrachos-, pero situándonos en la fase de desenfreno.

No está de más, pues, aprovechar la ocasión para recomendar mesura, un talante m is abierto y mayor tolerancia en el comportamiento de los protagonistas de nuestras relaciones industriales. El clima de diálogo m.ejoraría mucho si todos hiciésemos gala de nuestra condición de caballeros -o de damas, en su caso, que también participan en la mesa- Los resultados a los que se llega al término de la discusión no siempre se firman, como parece haber creído el presidente de la patronal. En ocasiones, como es el caso, quedan como simples acuerdos entre darnas y caballeros. Y una cosa así debe acompafiarse con gestos y comportamientos acordes.

Felizmente nadie ha entrado ni va a entrar en el juego que pretende el dirigente de la patronal, ni es probable que los empresarios razonables vayan a creer que a estas alturas el Gobierno ha decidido sovietizar su política. Ni es ése su estilo ni son ésos los vientos que corren por el mundo. Lo único que se hizo en aquella mesa fue acordar aspectos prácticos de la concreción que debiera adoptar el ejercicio de unosconsulta y a la participación de los trabajadores y de sus representairites, que están ya garantizados. por la Constitución y recogidos por nuestras leyes ordinarias, -y cuya materialización en procedimientos específicos no puede: ignorar los cambios en la realidad socioeconómica y en los sistemas de contratación que se han producido desde la aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980. De hecho, el Tribunal Central de Trabajo viene interpretando, desde comienzos de 1986, que el contenido del derecho de información vigente ya obliga. a la comunicación de los datos básicos de los contratos temporales.

La causa de ello, sin entrar en disquisiciones jurídicas, a nadie se le escapa: el perfil de los mercados internos de trabajo en las empresas durante la década anterior era profundamente distinto del actual. La flexibilidad contractual que se introdujo en 1984 modificó profundamente las prácticas empresariales y las estructuras y composición de las planti,llas. Ello guarda relación, sin duda, con la impresionante expansión del empleo que se ha venido registrando desde mediados de 1985 y que nos está permitiendo recuperar todo el empleo perdido durante la crisis. Pero implica también cambios profundos en la situación contractual de una parte sustancial de los trabajadores, como puede observarse en el gráfico adjunto, que conviene sean conocidos por los agentes sociales que operan en esos mercados para evitar desequilibrios que a la larga resultarían perjudiciales tanto para los trabajadores como para las propias empresas.

En efecto, el principio según el cual el mercado produce resultados beneficiosos para todos sólo es cierto si se cumplen una serie de condiciones, la primera de las cuales es la de la transparencia. El ocultismo y el monopolio indebido de la información dificultan el funcionamiento de cualquier mercado: por ejemplo, cuando el Banco de España quiso hacer más eficiente el mercado de los títulos públicos empezó a publicar semanalmente los resultados de las operaciones. La mayor transparencia produjo resultados inmediatos. ¿Cree el señor Cuevas que puede defenderse la opacidad en el mercado de trabajo y la transparencia informativa en los restantes mercados de factores y productos? ¿No es merecedor el de trabajo de un trato al menos tan considerado como el mercado de títulos de la deuda?

El gráfico pone de manifiesto que a comienzos de esta década la situación contractual no era un fenómeno particularmente relevante para el seguimiento del empleo, sino sólo su volumen total. Hoy eso no es así. Como no lo es tampoco el grado de descentralización de la producción en las empresas, que utilizan fórmulas complejas de subcontratación.

Derecho constitucional

Todo ello puede ser perfectamente legítimo si se hace dentro de los límites que señala la ley. Pero la ley establece también mecanismos de contrapeso en el mercado de trabajo, que gravitan sobre el derecho constitucional a la negociación colectiva y el derecho a la representación de los trabajadores. Estos derechos resultan fundamentales para equilibrar socl almente el funcionamiento de las empresas y sólo pueden ejercitarse de manera eficiente si los representantes legales de los trabajadores cuentan con Información adecuada de lo que sucede.

Porque de lo que se trata es degarantizar mediante procedimientos 'formales que los representantes de los trabajadores reciben la información esencial sobre la contrataci ón temporal y sobre la subcontratación realizada por la empresa, así como de facilitar su colaboración con la Inspección de Trabajo, que no por ello perderá un ápíce de su independencia. Se ha dicho que los acuerdos otorgan a los sindicatos facultades de autorización de los contratos -cuando lo acordado es el uso de un documento de notificación-, con el consiguiente acuse de recibo-, con el propósito evidente de vestir al maniqueo, de alarmar a los empresarios y de provocar su reflejo defensivo. Bien es verdad que la precisión informativa no se ha visto facilitada por el uso que hacen los sindicatos de la palabra visado.

Por muchos argumentos falaces que se empleen para confundir a la gente, la política de modernización del mercado de trabajo practicada por el Gobierner socialista tiene suficiente crédito para soportar éste y otros embates. Ante los noventa, el Gobierno piensa que hay que reforzar en la práctica y de forma equilibrada el ejercicio del derecho de los trabajadores a la información, a la consulta y a la participación.

No hay en ello nada sorprendente. Once países europeos acaban de adoptar la Carta Comunitaria de Derechos Sociales Fundamentales, en cuya elaboración y discusión la presidencia española tuvo un papel muy destacado. El Gobierno se ha comprometido a garantizar el ejercicio de estos derechos mediante disposiciones y prácticas nacionales, y es lo que está tratando de hacer. Quien no está comprometida con la Carta es la CEOE, ya que la organización empresarial española es, junto con la británica, la única que votó en contra de su adopción. Cuando el señor Cuevas dice que va a hacer campaña internacional contra los acuerdos debe de referirse a que se lo dirá a sus colegas británicos, que son los únicos que no han reconocido este derecho, argumentando que las cosas en las islas funcionan de otra manera. Bien está, porque en su visita a Inglaterra la misión de la CEOE podrá enterarse de la información efectiva con que cuentan los sindicatos británicos y sobre su intervención en la contratación laboral.

es secretario general de Empleo.