Dilema sueco

CUANDO LA semana pasada el primer ministro de Suecia, el socialdemócrata Ingvar Carlsson, presentó un paquete de medidas económicas de austeridad, anunció que se trataba de una "medicina amarga, pero necesaria" para enderezar una economía que se había sobrecalentado: congelación de precios y salarios durante dos años, congelación del reparto de dividendos al promedio de los últimos tres años, mantenimiento del nivel de los impuestos locales, prohibición de huelgas durante dos años e incremento de las multas por los paros salvajes (estas dos medidas fueron retiradas la semana pasada ante la violenta oposición con que habían sido recibidas).La amargura necesaria, sin embargo, se ha convertido en derrota a manos de una alianza de derecha e izquierda. Los votos de los tres partidos burgueses (conservador, liberal y de centro), sumados a los de comunistas y verdes, derrotaron en el Parlamento al Gobierno, abriendo paso a la dimisión del primer ministro. Para evitar la convocatoria adelantada de elecciones el presidente del Congreso ha iniciado consultas para formar Gobierno. Si se considera que los socialdemócratas tienen la minoría mayoritaria en el Parlamento (156 escaños, por 152 de un bloque conservador bastante dividido, 21 de los comunistas y 20 de los verdes), parece dificil que se constituya un Gobierno distinto del dimisionario. Y si el socialdemócrata Carlsson vuelve a recibir el encargo de formarlo, ¿en qué va a quedar su paquete económico? Parece, por consiguiente, más razonable pensar que serán convocadas elecciones anticipadas.

En la crisis política subyace hasta cierto punto la del modelo sueco de Estado del bienestar, que, desde la década de los treinta, propició una prosperidad única y un desarrollo singular en Europa. Ese modelo ha revelado ciertas debilidades, en particular en relación al sistema de seguridad social: no puede sostenerse ilimiadamente una demanda de servicios cada vez más amplia y más cara -escuelas, universidades, medicina- a cambio de contribuciones fijas. La Seguridad Social, sencillamente, no puede hacer frente al gasto.

Por otro lado, el sistema de pensiones, diseñado inicialmente para beneficio de los estamentos más pobres de la sociedad, acaba beneficiando por pura mecánica a la clase media, con lo que el país entero termina por subvencionar al estamento acomodado. Del mismo modo, la mística de la jubilación temprana, en un Estado que protege la felicidad de sus ciudadanos, acaba haciendo que el peso de los pensionistas resulte excesivo para los trabajadores que contribuyen y para el propio Estado que complementa. Desde el punto de vista de la moral social, finalmente, el Estado del bienestar tiende igualmente a dañar a la institución de la familia; por ejemplo, la actuación del Estado como sustituto del padre en los casos de madres solteras tiende a inhibir el papel y la responsabilidad familiar de éste. La socialdemocracia sueca se encuentra, pues, ante el dilema de mantener, en un momento en el que ya resulta excesivamente oneroso, la estructura humanista y protectora que permitió el desarrollo de su sociedad. Un dilema nada sencillo.