El PSOE veta la creación de comisiones de investigación sobre el tráfico de influencias

La mayoría socialista en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento regional andaluz impidió ayer que prosperaran iniciativas presentadas por grupos de la oposición para crear sendas comisiones de investigación sobre el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada. En Madrid, gracias a los votos de Convergència i Unió (CiU) y del Centro Democrático y Social (CDS), el asunto fue remitido a la Comisión del Estatuto del Diputado. El resto de los grupos se sumaron posteriormente a la iniciativa, por lo que la proposición salió adelante con el apoyo unánime de la Cámara.

Mientras tanto, en Sevilla, el PSOE vetaba la iniciativa presentada de forma conjunta por el Partido Popular (PP) e Izquierda Unida (IU) para crear una comisión de investigación.El CDS y Convergència i Unió lograron ayer que los socialistas votaran a favor de que la comisión del Estatuto del Diputado del Congreso tenga la facultad, a petición de un solo grupo, de investigar hechos o actuaciones en que los diputados puedan incurrir en el ejercicio de su responsabilidad política "y que puedan representar uso interesado o indebido de su condición". CiU votó en contra de una proposición del Grupo Popular que pedía la creación de una comisión de investigación sobre el tráfico de influencias con el argumento de que estos asuntos pueden ser tratados por la citada comisión del Estatuto, que es permanente en el Congreso, mientras que el CDS se abstuvo por considerarla "ambigua".

En el pleno de la Cámara baja coincidieron ayer dos iniciativas en relación con el tráfico de influencias presentadas por el CDS y el PP. La primera fue defendida por el portavoz centrista, Alejandro Rebollo, que se interesó por las medidas del Ejecutivo para investigar el tráfico de influencias. La aportación del portavoz de Convergència i Unió, Miquel Roca, fue decisiva ya que presentó una enmienda a la moción del CD S, que fue aceptada por los proponentes y los socialistas.

El texto de la moción aprobada en el Congreso dice así: "Se acuerda atribuir a la comisión del Estatuto del Diputado el conocimiento e investigación de los hechos, actuaciones o comportamientos en que los diputados pudieran incurrir en el ejercicio de su responsabilidad política y que pueda representar uso interesado o indebido de su condición. La Mesa del Congreso establecerá el procedimiento para la tramitación de dichas iniciativas, que podrán formularse a instancia de un grupo parlamentario o del propio diputado o diputados afectados por una información que ponga en duda la honestidad de su actuación".

Sistema de mayoría

Representantes del CDS y de CiU destacaron la relevancia de esta medida por el hecho de que en la comisión del Estatuto del Diputado no funciona el sistema de mayoría parlamentaria sino que todos los grupos políticos tienen la misma representación y no se acude al sistema de votación ponderada.

Asimismo, destacan el hecho de que con la petición de un solo grupo esta comisión tenga necesariamente que investigar un asunto e incluso la capacidad que tiene para actuar de oficio sin que sea requerida para ello. Esto se complementa con la posibilidad de que los parlamentarios que vean ofendido su honor acudan a esta comisión para que efectúe una investigación sobre su persona.

El diputado socialista Ángel Luna, que será el ponente de todo el paquete legislativo sobre tráfico de influencias y su penalización, se manifestó ayer a favor de que la comisión del Estatuto vea reforzadas sus facultades de control de las actividades de los diputados.

De otro lado, el Grupo Popular no pudo ayer disimular su enojo ante el -rechazo no sólo por parte socialista sino del CDS y de CiU de crear una comisión de investigación en el Congreso sobre tráfico de in fluencias y utilización de información privilegiada. Los oponentes consideraron que no era necesario formar una comisión específica para estos asuntos.

En Sevilla, el grupo socialista del Parlamento de Andalucía, que ostenta la mayoría absoluta en la Cámara regional, vetó la creación de una comisión para investigar el tráfico de influencias en el ámbito de la comunidad autónoma, a propuesta de los grupos de IU y el PP. El debate parlamentario no aportó ningún dato nuevo sobre el caso Juan Guerra, salvo la acusación por parte de IU de que detrás de las actividades de Juan Guerra el "dudoso" sistema de financiación de los partidos políticos.

El portavoz del Partido Popular, Gabino Puche, llamó al fracaso de la creación de la comisión de investigación, que fue rechazada por 53 votos socialistas y apoyada por 40 votos del PP, IU y Grupo Mixto, la "crónica de un aborto anunciado porque no se ha dado tiempo ni siquiera a que naciera".