Las unidades de reproducción normalizarán el aborto legal en la sanidad pública

Incentivar profesionalmente a los médicos que hacen interrupciones de embarazo en la sanidad pública y dar respuesta a la creciente demanda social de nuevos servicios ginecológicos son los dos objetivos básicos de las unidades de reproducción creadas por el Insalud. Este servicio, que entrará en funcionamiento experimental en ocho hospitales españoles la próxima primavera, excluirá la objeción de conciencia y dependerá de los directores médicos de los hospitales. Sólo cuatro de cada 100 abortos se practican en los centros públicos.

El proyecto, gestado hace aproximadamente un año en el seno del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), prevé la creación de unos equipos médicos, ubicados en centros hospitalarios, que trabajarán en el diagnóstico prenatal de enfermedades congénitas, el tratamiento de la esterilidad, la interrupción del embarazo y la anticoncepción quirúrgica (ligadura de trompas y vasectomía). Cada unidad estará formada por cinco médicos (un jefe, tres adjuntos y un anestesista) pertenecientes a la plantilla del hospital o contratados, y estará coordinada con otros centros sanitarios de la red del Insalud, como los Centros de Planificación Familiar (COF) y las Unidades Básicas de Orientación Familiar (UBOF).Javier M. Salmeán, jefe del servicio de Ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) y uno de los máximos impulsores del proyecto, no cree que la creación de estas unidades suponga una multiplicación de los medios destinados a la atención de la mujer: "Los centros de salud, los COF o los UBOF no tienen capacidad para realizar la mayor parte de estos contenidos, que son técnicas hospitalarias".

Estas unidades se van a instalar de manera experimental en ocho hospitales de seis comunidades autónomas (el Materno-Infantil de La Coruña, Nuestra Señora de Covadonga en Oviedo, Nuestra Señora del Pino en Las Palmas de Gran Canaria, Son Dureta en Palma de Mallorca, hospital de Cantabria en Santander y los hospitales de Leganés, Móstoles y Alcalá de Henares en la comunidad de Madrid). El Insalud pretende aumentar el número paulatinamente, hasta cubrir todas las comunidades autónomas. Con esta infraestructura se espera atender a toda la demanda nacional. Más escéptico en cuanto a la cobertura se muestra en cambio Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) que, no obstante, apoya el proyecto: "La idea está bien. Lo que no se entiende es por qué han tardado tanto en hacerlo". Justa Montero, de la Comisión pro Derecho al Aborto del Movimiento Feminista, cree que la medida es insuficiente y, además, "constituye un nuevo atajo, ya que se soslaya el problema de fondo, que es normalizar la interrupción del embarazo en la sanidad pública". Teme que "se repita el fracaso de los COF, que ni siquiera conocían los usuarios".

Jefatura de servicio

El temor al bloqueo que esta iniciativa pudiera sufrir por parte de algunos jefes del servicios de Ginecología de determinados hospitales ha llevado al Insalud a estipular que las unidades de reproducción tengan rango de jefatura de servicio o sección y dependan por tanto de los directores médicos de los centros hospitalarios, más afines a la política sanitaria de la Administración.

Más allá de los fines explicitos (racionalizar los recursos), estas unidades pueden suponer la normalización del aborto legal en la red hospitalaria pública. "Este proyecto forma parte del Plan para la Igualdad de Oportunidades", afirma Carmen Martínez Ten, directora del Instituto de la Mujer. "Es muy importante porque, significa el desarrollo del aborto en el sistema sanitario público, al ampliarse el número de hospitales que lo van a llevar a cabo. Nos parece preocupante que actualmente haya muchas mujeres que tienen que viajar fuera de su comunidad autónoma para realizar una interrupción legal del embarazo".

Otra finalidad implícita del proyecto es terminar con la marginación que sufren algunos de los médicos, incentivándolos profesionalemente con la introducción de facetas asisteciales más gratificantes y vanguardistas, como la reproducción asistida o el diagnóstico prenatal. "La interrupción del embarazo es un trabajo ingrato, la relación con la paciente es fría y ocasional y se realiza bajo una fuerte presión asistencial. Incluso gente concienciada empezaba a objetar, por comodidad o por estar en contra de cómo se llevaba la asistencia", explica Salmeán. Además, las técnicas de reproducción asistida y de diagnóstico prenatal están casi exclusivamente en manos de determinados hospitales que no hacen abortos y se llevan la mayor parte de los recursos.