El Consejo de Ministros aprueba el pago de la deuda social

El Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto ley para el pago de la deuda social a los empleados públicos. El real decreto establece el abono de una paga única de 52.525 pesetas al personal que ha estado al servicio de la Administración durante 1989, para compensar que el incremento retributivo del año pasado fue inferior al crecimiento de los precios.

En concreto, recibirán esa paga única los funcionarios civiles de la Administración del Estado, de sus organismos autónomos y de la Seguridad Social, el personal estatutario y laboral del Insalud, el personal laboral al servicio de la Administración del Estado y sus organismos autónomos, así como el que presta servicio en los entes públicos, los funcionarios de los cuerpos al servicio de la administración de Justicia, el personal docente y no docente de las universidades, y los funcionarios interinos, en prácticas y eventuales.

La cuantía de la paga acordada equivale al 2,55% de la retribución media de los empleados públicos durante 1989. Como la paga será idéntica independientemente del puesto de trabajo ocupado, los empleados públicos de menor retribución recibirán una compensación que se aproxima al 5% del salario percibido el año pasado.

El Gobierno también aprobó un real decreto por el que se prorroga la vigencia de determinadas disposiciones sobre revalorización de pensiones de la mutualidad nacional de previsión de la Administración local.

Venta de Imepiel

Respecto a la venta de la empresa Imepiel, el Consejo de Ministros acordó autorizar al Ministerio de Economía para que suscriba íntegramente la ampliación de capital en esta empresa, por importe de 8.500 millones de pesetas, y vender posteriormente la totalidad de las acciones de Imepiel a la empresa Círculo de Financiación y Gestión, SA. Esta operación aportará 11.000 millones a Impepiel, de los que 8.500 proceden del Estado. Con los recursos aportados, se cancelarán pasivos bancarios por un importe de 4.000 millones de pesetas. El resto de la aportación del Estado se destinará a la reestructuración de la plantilla, que posiblemente se reducirá de los 1.400 puestos de trabajo actuales a 700 empleos cuando finalice el período de reconversión. El total de la aportación de los compradores (2.500 millones de pesetas) se destinará a inversiones para la renovación de la fábrica.Por otro lado, el Gobierno también aprobó un real decreto que regula la composición y funcionamiento de la comisión asesora del mercado de deuda pública por anotaciones en cuenta. Esta comisión se encargará de elaborar un informe previo sobre las decisiones que adopten la CNMV y el Banco de España, así como la propuesta de las medidas que considere oportuno proponer a esas instituciones. La comisión estará integrada por un representante del Ministerio de Economía, y dos de la CNMV y del Banco de España.