Reportaje:LA REFORMA PSIQUIÁTRICA

El mosaico de la locura

La transformación de la atención psiquiátrica camina con paso desigual y una queja común: la falta de recursos alternativosEl maníaco de Barbastro y los niños cosidos a tiros en Badajoz recientemente por un joven perturbado que obedecía a unas voces alucinadas han actualizado el debate sobre la reforma psiquiátrica española, pese a que se conviene en que los locos son menos agresivos que el resto de la población. Urdida allá por 1985 e iniciada antes en algunos lugares, el redefinimiento de la atención psiquiátrica camina con paso desigual en el país. Casi un lustro después hay menos manicomios, más atención en hospitales generales y en centros de salud. Todo con un reparto desigual, según la diligencia de cada comunidad autónoma para organizarse. Hay una queja común: faltan recursos sociales, como pisos protegidos, pequeñas residencias y comunidades terapéuticas, alternativas a la inútil marginación manicomial.

"Con una adecuación de la red de salud mental", opina César Mendo, miembro de la progresista Federación de Asociaciones para la Defensa de la Salud Pública (FADSP), psiquiatra de una unidad de salud mental de Cáceres, quizá José Ventura no hubiera cosido a tiros a tres niños en un barrio de Badajoz siguendo las órdenes de voces que sólo él oía. En una década, Extremadura ha conseguido tener cinco redes paralelas de atención psiquiátrica -una más que en 1979- sin coordinación entre sí y menos neuropsiquiatras que entonces. Hay menos locos en sus dos manicomios, pero la comunidad ostenta todo un récord de camas asilares: 1.291 para un millón de habitantes, mientras que sólo tiene 16 camas para enfermos agudos. "Es la no-reforma", asegura Mendo.El loco es menos peligroso que los no etiquetados así. En eso casi todos -médicos y familiares- están de acuerdo. Lo que ocurre es que cuando delín que, es más brutal y más bizarro A Alicia Roig, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Legislación de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN) le enerva que la prensa se haga eco de los actos delictivos cometidos por los enfermos mentales. "Hay Infinitos más caso de cuerdos que cometen delitos"

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En Extremadura coexisten dos redes paralelas de Insalud (unidades de salud mental y neuropsiquiatras), manicomios de las diputaciones, servicios de atención de la Junta de Extremadura y otros del Instituto Nacional de Servicios Sociales. Por su puesto, los extremeños no saben lo que es eso de un Plan de Salud Mental, que ya tienen 10 comunidades.

Si al otro extremo del espectro está Asturias, citada por todos como comunidad pionera en la reforma, cabe decir que la España psiquiátrica es un gran mosaico que se mueve entre uno y otro extremo, una casa de locos donde todo está a medio hacer, según los especialistas. Todos coinciden también, gestores incluidos, en que faltan recursos asistenciales.

Pautas para cambiar

La pauta la dio una comisión ministerial que, en 1985, elaboró los mandamientos para la reforma. La Ley General de Sanidad siguió sus pasos. Razones históricas llevaron a este país, en los albores de los 80 a poseer varias redes de asistencia psiquiátrica incomunicadas entre sí -y del resto de las especialidades-, manicomios de las diputaciones desperdigados por todas las provincias, y una desigual asistencia primaria. En términos generales, la reforma buscaba integrar la atención psiquiátrica en los hospitales generales y en la asistencía primaria -unidades multidisciplinarias de salud mental-,abandonar los manicomios por alienantes e inútiles y rehabilitar al eníbrmo de forma más o menos controlada, buscando su reinserción mediante servicios médicos y sociales.

En el año en que se difundió aquel documento, casi la mitad -45%- de los asilados en las 37.000 camas manicomiales -22.910 de las diputacionesque había en España no eran enfermos psíquicos. Tenían problemas de otro orden, generalmente sociales. La mitad de los internos llevaban recluidos más de 30 años. Su vida era el manicomio. Cinco años mas tarde existen 16.293 camas psíquiátricas públicas en 48 manicomios, -sin contar Andalucía, que es la comunidad que más camas ha perdido, y el País Vasco- Existen 415 centros de salud mental, 92 unidades de atención de agudos en los hospitales públicos y 187 alojamíentos protegidos, segun datos fragmentarios de la Administración que no incluyen el País Vasco. También se han incrementado los médicos en formación.

Por otro lado, el Instituto Nacional de la Salud (Insalud) empieza este año con la promesa de extender las unidades de salud mental -un psiquiatra, un psicólogo, un ATS y un asistente Social- a toda la población cuyas competencias en sanidad no han sido transferidas. Ahora, entre un 30% y un 40% de estos usuarios está atendido por el neuropsiquiatra, una suerte de médico de ambulatorio a extinguir. José Luis Ortega, adjunto al director general del Insalud, asegura que se ha multiplicado por 12 el gasto en salud mental, sin contar los fármacos. El Insalud ha firmado convenios para la reforma psíquiátrica con todas las comunídades, menos Extremadura y Baleares.

El motor de Madrid

"Es como si el motor no tuviera todas las piezas para funcionar bien", dice sobre la reforma en Madrid el psiquiatra Diego Fi guera. Como facultativo de una unidad de salud mental de la zona norte, -existen 32 centros-, está desbordado de tra bajo: atiende consultas externas, resuelve problemas sociales, lucha por hacer psicoterapias en medio de la demanda asistencial, cubre las guardias en el hospital psiquiátrico y atiende requerí mientos judiciales. En su distrito uno de los 34 en que se divide la comunidad, coexisten varias re des de atención. Madrid es el pa radigma del mosaico español Unas zonas, que incluyen casi un millón y medio de habitantes, han integrado todas las redes de atención a la salud mental y otras no. Cinco distritos, entre ellos el castizo barrio de La Latina, ni siquiera tienen un centro.

Luis Prieto, responsable re gional de los servicios de salud mental, reconoce, entre otros fa llos, que en Madrid faltan camas para enfermos agudos -hay 417, 8,5 por 100.000 habitantes, repartidas de forma irregularque sólo han aumentado en 14 en los últimos años. Margarita Henkel, representante de los familiares de enfermos, asegura que el plan "no se cumplirá hasta el 2000". Muchos facultativos se quejan de de scoordinación.

En Valencia, la reforma psiquiátrica se in ició en 1986. Numerosos psiquiatras consultados coinciden en afirmar que la situacion actual, tras un primer momento de esperanza, es de retroceso. Dos de los tres psiquiátricos que existen han sido clausurados.

El manicomio de Bétera, en el que en la actualidad permanecen recluidos 240 enfermos, destina cada año para la asistencia psiquiátrica 1.750 millones de pesetas. Allí, en años anteriores, ha habido más de 1.500 personas internadas. Un total de 550 personas, muchas de las cuales han pasado parte de su vida en los manicomios, residen actualmente en pisos tutelados por la Diputación Provincial de Valencia, informa Amparo Hernández.

La Diputación de Barcelona es la institución que gestiona la mayor parte de la red psiquiátrica de Cataluña, al concentrarse en esta provincia la mayor parte de la población y de los recursos, informa Milagros Pérez Oliva Este organismo aprobó en 1981 el plan de reforma de la asistencia psiquiátrica. Se han reducido camas en manicomios y no se ha creado ningún nuevo servicio de psiquiatría en los hospitales de la Seguridad Social. Habría que doblar los hospitales de día y los pisos asistidos, según estimaciones de la propia Administración, y las unidades de salud mental son claramente insuficientes.

El presupuesto destinado a psiquiatría ha crecido muy por debajo de las necesidades. En 1984 la Diputación de Barcelona destinó 2.642 millones de pesetas al funcionamiento de sus manicomios. En 1989 el presupuesto ,total era de 4.778 millones.

Litigios en Cataluña

La Generalitat se niega a asumir los centros psiquiátricos, porque la Diputación se niega a traspasarle la partida de 5.000 millones que ahora destina a psiquiatría. La Diputación ha amenazado por tres veces consecutivas con dejar de pagar la asistencia. La situación de descapitalización y carencias llegó la primavera pasada a un extremo insostenible. Los centros concertados, que prestan el 80% de la asistencia, defensores a ultranza de la reforma, amenazaron con un plante si la Diputación no aumentaba los conciertos y si no se garantizaba a largo plazo la pervivencia de la reforma. La Diputación accedió finalmente a incrementar los conciertos y la Generalitat se ha avenido, para calmar los ánimos, a contribuir económicamente a la red que atiende a 50.000 enfermos anuales.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 26 de enero de 1990.

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