Los médicos de Pamplona acusados de un delito de aborto sostienen que se limitaron a cumplir la ley

Los tres médicos del Insalud que ayer fueron juzgados ante la Audiencia de Pamplona por practicar un aborto legal en 1986 insistieron en que con su actuación profesional se limitaron a cumplir la ley. Los tres coincidieron en señalar que el aborto se practicó por existir un alto riesgo de malformaciones en el feto, tal como describe uno de los tres supuestos de la legislación española. El inicio de la vista, que se prolongará hasta el viernes, estuvo marcado por dos manifestaciones de signo contrario en la calle, frente a la Audiencia.

Unas 1.000 personas acudieron desde distintos puntos de Navarra y de toda España para solidarizarse con los acusados. Al lado, separados por un cordón policial, unos 200 jóvenes convocados por Pro-Vida gritaban consignas contra el aborto. Gritos de .asesinos", proferidos por los jóvenes de Pro-Vida, se mezclaban con los de "Opus, fuera". La salida de los acusados fue recibida con abucheos, por un lado, y aplausos por otro.La diputada de IU Cristina Almeida, Dolors Renau, responsable de la mujer en el PSOE, y la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Martínez Ten, respaldaron con su presencia a los tres acusados, Pablo Sánchez Valverde, Elisa Sesma y Mari Cruz Landa. También asistió el director provincial del Insalud en Pamplona, Luis Gabilondo.

Los procesados explicaron al tribunal cuál fue su proceder en torno al aborto practicado el 21 de febrero de 1986, en la residencia Virgen del Camino, de Pamplona. Coincideron en señalar que el caso de Silvia Cuevas, que entonces tenía 19 años, era uno de los amparados por la legislación española sobre el aborto. La joven fue sometida a radioterapia, por una dolencia renal, sin saber que estaba embarazada.

Las placas de rayos se realizaron directamente en la zona del abdomen y la pelvis de la mujer durante la quinta y sexta semana del embarazo -en la fase de organogénesis-, cuando se desarrolla el sistema nervioso central del embrión. "Le informé de la situación a la chica", explicó la ginecóloga Mari Cruz Landa, "y la joven optó por abortar".

Malformaciones genéticas

"Las malformaciones que puede provocar una irradiación de ese tipo son graves, como microencefalia, retraso mental y leucemias", explicó Landa, que informó favorablemente sobre el aborto. José Ramón Paradinas, el abogado que representa a Acción Familiar, insistió en preguntar a los acusados por qué no hicieron más pruebas para detectar posibles anomalías.

La respuesta fue la misma: la imposibilidad técnica de detectar cierto tipo de anomalías, como las alteraciones genéticas o un proceso oncológico en el embrión. "No puedo mentir a una mujer que ha sido sometida a radioterapia y ocultarle que su hijo puede tener leucemia", puntualizó la ginecóloga Elisa Sesma.

El facultativo Felipe Calvo, del servicio de Radiología de la Clínica Universitaria de Navarra, manifestó que que había realizado dos informes para determinar las dosis de radiación recibidas por la joven. En el segundo consideró que el feto había recibido entre ocho y 11 rems, frente a la dosis de 3 a 5 rems que había medido en el primer examen.

Tanto Sesma, que realizó otro informe favorable al aborto, como Pablo Sánchez, que llevó a cabo la intervención, trabajaban en 1986 en el centro. Su director entonces, Jesús Manuel Carpintero, defendió la actuación de los médicos y aseguró: "Tenía la obligación de hacer respetar la ley del aborto".