El Gobierno concedió 145 millones a una firma vinculada a Juan Guerra

El Consejo de Ministros aprobó en su reunión del 1 de agosto de 1986 la concesión de ayudas por 145 millones de pesetas, así como reducciones fiscales, a Construcción Modular Andaluza, sociedad que se proponía construir un hotel en Sevilla. La empresa había sido constituida cuatro meses antes por tres personas, una de las cuales actuaba como testaferro de Juan Guerra González, hermano del vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra. La posibilidad de que éste pueda dimitir a raíz de los escándalos relacionados con su hermano fue calificada ayer de "disparate" por la Presidencia del Gobierno.

El proyecto de la citada empresa consistía en la construcción de un hotel, que no ha sido edificado todavía y cuyos propietarios, con la excepción de uno de ellos, han vendido ya las acciones. El proyecto contaba con un presupuesto estimado de 798 millones.Tres personas figuraron públicamente al frente de la entidad. La primera era José Garrido López, que es el actual presidente y consejero delegado de Puerto Zahara, la empresa que promueve el proyecto urbanístico en Zahara de los Atunes, en Barbate (Cádiz), reactivado gracias a la mediación de Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno.

El segundo socio era Francisco Javier López Martín, primo de José Garrido. Como tercera accionista figuraba Dolores García Ramos -casada con LópezMartín-, persona que actuó como testaferro de Juan Guerra, según afirmó el abogado de José Garrido.

De otro lado, Juan Guerra acompañó en febrero de 1987 al constructor Manuel Sánchez Ferrero en una entrevista con el entonces alcalde de Salamanca, Jesús Málaga, del PSOE, "para proponer una revisión del Plan General de Ordenación Urbana y conseguir dar así mayor edificabilidad a un solar", según asegura Manuel Campo, entonces concejal socialista encargado del área de urbanismo y hoy en el Grupo Mixto tras su expulsión del PSOE meses atrás.

Alfonso Guerra, según se anunció ayer oficialmente, está dispuesto a acudir al Congreso de los Diputados para explicar su opinión sobre estos hechos los próximos 6 o 7 de febrero.

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