El rostro de la pobreza

INFORMES COMO el realizado por el Equipo de Investigacion Sociológica (EDIS) a instancias de Cáritas sobre Pobreza y desigualdad en la Comunidad de Madrid no sólo facilitan un mejor conocimiento de la auténtica realidad social, sino que ponen en aprietos con ello a quienes se empeñan en hacerse los ignorantes o los despistados sobre la persistencia de amplias bolsas de marginación e indigencia en la autosatisfecha sociedad de nuestros días. Tales informes tienen por sí mismos un alto valor de denuncia social y política, convirtiéndose en indispensables contrapuntos a las dosis de triunfalismo que rezuma el discurso oficial sobre la marcha de la economía o la bondad sin tacha de las actuales políticas redistributivas. En este sentido, el papel que desempeñan asociaciones como Cáritas es encomiable: alertan sobre los peligros que la insolidaridad comporta para la convivencia democrática, aun a riesgo de atraerse la antipatía de los poderosos y hacer más arduo su acceso a las subvenciones oficiales.En el caso de Madrid, los resultados del informe de EDIS son una prueba palpable de la profundización del fenómeno de la dualización en la actual sociedad española, en la que un tercio de la población (los jóvenes sin trabajo y con escasa educación, los parados de larga duración, los inmigrantes, marginados diversos, enfermos, minusválidos y ancianos con pensiones muy bajas o sin ellas) parece irremediablemente condenado a la exclusión del sistema productivo. Unos 700.000 madrileños disponen de menos de 20.400 pesetas por mes para hacer frente a sus necesidades vitales, que es el listón oficial de pobreza (la mitad de los ingresos medios por persona en el país) fijado por la Comunidad Europea. Pero todavía en este saco de pobreza los hay que son más indigentes: 258.000 personas no llegan a las 15.000 pesetas por mes, y otras 160.000 personas, de las que 30.000 confiesan que pasan hambre, están por debajo de las 8.000.

Situaciones como éstas, que afectan además a los grupos más desvalidos, ponen en entredicho las políticas oficiales, que se justifican mediante el dicho de la enseñanza de la pesca en lugar del donativo del pez. A quienes las padecen hay que procurar enseñarles a pescar, pero mientras tanto hay que darles el pez para que puedan sobrevivir y aprender a manejar la caña. No solamente son necesarias nuevas y específicas políticas redistributivas para combatir el riesgo de marginación que se cierne sobre amplios grupos de población -los salarios de subsistencia o de integración se abren camino junto a las fórmulas asistenciales más tradicionales-, sino sobre todo impulsar con más brío el mandato constitucional que obliga a los poderes públicos a promover condiciones favorables para una distribución más equitativa de la renta nacional. Porque, en definitiva, la profunda y cada vez mayor desigualdad en el reparto de la riqueza generada -los pobres son cada vez más pobres, y los ricos, más ricos- y la incapacidad de la política gubernamental para acortar distancias son las causas de las carencias y de las necesidades sociales que ponen a grupos enteros de personas al borde mismo de la pobreza. Situación que no sólo afecta a cerca de ocho millones de españoles, sino también a casi 40 millones de ciudadanos de las otras sociedades desarrolladas de la Comunidad Europea.