Nuevo paro general de la minería asturiana en los últimos siete días para exigir mayor seguridad

Los valles mineros asturianos vivieron ayer su segundo paro general en los últimos siete días en señal de duelo y de protesta por los accidentes laborales ocurridos durante estas Navidades. Los más de 27.000 mineros asturianos, pertenecientes a 59 empresas públicas y privadas, secundaron en pleno la convocatoria de paro general realizada por los sindicaitos CC OO y SOMA-UGT como manifestación de dolor por el fallecimiento de dos trabajadores el pasado día 29 en la mina La Camocha, propiedad de la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada, y para exigir mayor seguridad en las explotaciones hulleras y antraciteras del Principado. El paro fue secundado asimismo en explotaciones mineras leonesas.

También ayer, los dos sindicatos presentaron una denuncia conjunta contra las empresas Hulleras del Norte (Hunosa) y Expenor por la muerte de cuatro trabajadores, el pasado día 22, en el pozo Mosquitera, tras un incendio en una cinta transportadora. El partido Unidad Nacionalista Asturiana (UNA) ha demandado a las dos compañías por el mismo motivo.La minería asturiana protagonizó ayer la segunda huelga general en los últimos siete días tras los accidentes vividos por el sector desde el pasado día 22. En algunos de los 83 pozos mineros de la región se realizaron asambleas, y en pequeñas localidades mineras se sumaron al paro algunos comercios. Tres accidentes, de ellos dos mortales, con el resultado de seis mineros fallecidos y otros seis heridos, han puesto en vilo en estas navidades al colectivo minero asturiano, que el año pasado perdió a 26 trabajadores en accidentes laborales.

El primer paro general se produjo el 26 de diciembre pasado a raíz del accidente ocurrido en el pozo Mosquitera de Hunosa el día 22, en el que murieron cuatro trabajadores y otros cuatro resultaron heridos.

Los sindicatos SOMA-UGT y CC OO y el partido Unidad Nacionalista Asturiana presentaron ayer sendas denuncias contra Hunosa, propietaria de la explotación e instalaciones en que se produjo el fatal accidente del día 22, y la empresa Expenor, a la que pertenecían los cuatro trabajadores fallecidos en dicho accidente y que operaban en el interior del pozo en régimen de subcontrata.

En su denuncia, presentada en el Juzgado de Pola de Siero, los dos sindicatos mineros alegan "falta del personal habitual que debe atender el cuidado y limpieza de las cabezas" de la cinta transportadora, en la que presuntamente se desencadenó el incendio; "retraso en comunicar el incidente al personal que se encontraba en aquellos momentos en las distintas plantas y talleres para su inmediata evacuación, y haber menospreciado la magnitud del accidente hasta que no vieron que eran incapaces de controlarlo"; "el retraso en poner los medios técnicos y humanos para atender las necesidades de un accidente de estas características", y "la falta de medios adecuados de que disponía el equipo de salvamento". La denuncia se hace extensiva a los responsables de las des empresas y a los organismos competentes.

En el pozo Mosquitera continuaban ayer, entre tanto, los trabajos de extinción del fuego, que sigue ardiendo en el interior de la explotación 11 días después de haberse declarado. Hasta el momento se han inyectado 150.000 metros cúbicos de nitrógeno para sofocar las llamas mientras se avanza en el aislamiento del fuego, aunque los equipos no han logrado aún llegar al foco.

Solidaridad en León

Cerca de 4.300 trabajadores de las cuencas mineras de Villablino y Fabero, en el extremo noroeste de la provincia de León, se sumaron a la huelga convocada por UGT, CC OO y USO de Asturias, según informa Antonio Núñez. Por su parte, Izquierda Unida ha solicitado en la Junta General del Principado de Asturias la creación de una comisión de investigación sobre la seguridad minera.

La jornada de luto de ayer paralizó ocho empresas mineras de Fabero, con unos 1.800 trabajadores, y los seis pozos que mantiene en explotación la Minero- Siderúrgica de Ponferrada (MSP) en la cuenca de Villablino (los de Orayo, Calderón, Lumajo, Carrasconte, María y Chastra-Paulina), que suman 2.500 trabajadores. Esta empresa, propietaria también de La Camocha, sólo trabajó una parte de los empleados administrativos, con el beneplácito de las centrales, para hacer pagar las nóminas y liquidaciones de final de año. La empresa está en situación financiera crítica y los sindicatos convocantes temían que la huelga del personal administrativo sirviera de excusa a la MSP para no pagar los sueldos.