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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Año nuevo, ajuste duro

EL GOBIERNO ha tomado en los últimos días una serie de disposiciones que configuran algunos aspectos esenciales de la política económica en 1990. La última de ellas ha sido la prórroga de los Presupuestos Generales de 1989, al haber impedido el proceso electoral la elaboración a tiempo de unos nuevos. Comoquiera que se repitió mayoría y que el presidente confirmó a todos los miembros del anterior Gabinete, parece poco probable que estos últimos difieran sustancialmente de los ahora prorrogados. Lo que sorprende es la calma con la que el Ejecutivo parece haberse tomado el asunto; se habla de que los Presupuestos tan sólo serán aprobados a finales del próximo mes de mayo. Por el momento, y como consecuencia de la reunión de la Administración con los sindicatos, lo que se ha acordado es que los sueldos de los pensionistas y de los funcionarios experimenten un aumento a cuenta del 5%. También se ha decidido que la declaración de la renta se hará con arreglo a los mismos criterios que en 1990, por lo que la reforma del IRPF se aplaza hasta 1991, y que los programas de inversión en infraestructuras seguirán adelante como estaba previsto.Al mismo tiempo que se tomaban estas decisiones, el Gobierno ha anunciado los objetivos monetarios para 1990, sorprendentemente: poco comentados a pesar de su importancia. Se ha decidido limitar el crecimiento del crédito al sector privado a un 10%, con la advertencia de que la consecución de este objetivo resulta prioritaria y que, por consiguiente, no se reparará en medios para conseguirlo; no resulta por ello aventurado suponer que se mantendrán los controles cuantitativos. Al mismo tiempo, también se ha establecido que el crecimiento de la masa monetaria en sentido amplio deberá situarse en el interior de una banda de 1,5 puntos arriba o abajo de un objetivo central que queda fijado en el 8%. Estas cifras dicen con claridad que el ajuste será duro, por muy moderado que se haya sido en el anuncio de los objetivos. La tesis según la cual el crecimiento del 8% de la masa monetaria es compatible con un aumento de la producción del orden del 4% y del 5,5% al 6% de los precios no tiene credibilidad, al menos si se observan con cuidado las series históricas de crecimiento de la producción, de la oferta de dinero y de los precios. Lo probable es que la restricción monetaria produzca una caída de la actividad hasta tasas reales más bajas de lo previsto, del mismo orden que las que registrarán nuestros socios comunitarios.

Los números del Gobierno cuadrarían mejor si se obtuviese una moderación en el aumento de los salarios nominales hasta cifras compatibles con los objetivos monetarios. Tras su anuncio, el margen que queda para el crecimiento real de los salarios depende en buena medida del aumento nominal que se negocie. Si éste es moderado podrá obtenerse un incremento del poder adquisitivo compatible con el crecimiento deseable de la actividad económica; si, por el contrario, el aumento nominal fuera importante la restricción monetaria ahogará la economía.

Quedan, por último, algunas incógnitas por despejar, especialmente la que se refiere al déficit exterior de nuestra economía. La OCDE, en unas previsiones recientemente elaboradas, prevé que el déficit por cuenta corriente español alcanzará 16.000 millones de dólares en 1990, cifra que equivale al 4% del producto interior bruto. Es cierto que la tasa de crecimiento prevista por la OCDE podría superar a la que realmente se obtenga, pero el problema consiste en saber si la restricción monetaria no llevará consigo un aumento de los tipos de interés y, por consiguiente, una tendencia a la apreciación de la peseta que, por lo menos, dificultaría el ajuste exterior. La imposición de limitaciones cuantitativas al crecimiento del crédito podría permitir, eventualmente, obviar esta dificultad, pero el problema que se plantea entonces es el de la compatibilidad de la liberalización de la economía con el retorno de los métodos intervencionistas. Las recientes decisiones plantean, en definitiva, una serie de importantes cuestiones que deberán ser aclaradas en las próximas semanas.

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