Unos 225.000 habitantes de Hong Kong recibirán la nacionalidad británica

Douglas Hurd, secretario del Foreign Office, anunció ayer que su Gobierno va a conceder la nacionalidad británica a 50.000 cabezas de familia de Hong Kong, considerados clave para mantener la estabilidad en la colonia. En un plan escalonado que concluirá en 1997, el año que Hong Kong vuelve a China, se estima que unos 225.000 hongkongeses recibirán la nacionalidad y el derecho a instalarse en el Reino Unido.

La cifra fue acordada tras una viva discusión en el Gabinete, en la que algunos ministros -en particular el de Comercio e Industria, Nicholas Ridley, y el de Interior, David Waddington- se manifestaron abiertamente contra una cifra que consideraban demasiado alta y desestabilizadora de los recursos de vivenda, sanidad y servicios públicos de la metrópolis, además de creadora de divisiones en el partido.El Gobierno va a establecer un sistema de puntos para calificar a los aspirantes, siguiendo el patrón canadiense, en el que se valorarán la actividad profesiónal y empresarial que ejercen, la pertenencia a los sectores educativo y sanitario, la cualificación técnica, los servicios prestados a la colonia, la pertenencia del individuo a un ámbito profesional diezmado por la emigración prematura, y el conocimiento del inglés.

Hurd dijo que el Gobierno debe hacer todo lo posible para garantizar la viabilidad de Hong Kong y que esas medidas son las justas para lograr anclar en la colonia al personal que se considera imprescindible y evitar su salida en busca de horizontes más despejados. Las élites técnicas, económicas e intelectuales han comenzado a dejar Hong Kong por desconfiar de un futuro bajo control chino y no tener a dónde ir. Londres espera detener esa hemorragia al garantizarles un lugar en caso de necesidad.

La reforma de la ley de la Nacionalidad Británica será un proceso lento que probablemente impedirá que nadie de Hong Kong adquiera el derecho a instalarse en el Reino Unido antes de 1992. El Gobierno va a tener casi un año para domeñar las furias de los parlamentarios conservadores más extremistas y xenófobos, opuestos a la entrada en el país de nuevas minorías. En la actualidad hay entre 50 y 70 parlamentarios capaces de plantear graves problemas al Gobierno durante la discusión de la reforma de la ley en los Comunes, reforma tachada de elitista por la oposición laborista.