España desiste del proyecto Trigat, un misil que iba a costar 50.000 millones

El Gobierno español ha decido no participar en la fase de desarrollo del programa Trigat, un misil contra carro de tercera generación, en versiones de medio y largo alcance, que dirige el consorcio industrial Euromissile Dynamic Group, integrado por las empresas MBB (RFA), Aeroespatiale (Francia) y British Aerospace (Reino Unido).España había sido invitada a asociarse al proyecto por Francia, el Reino Unido y la RFA, en el seno del Grupo Europeo Independiente de Programas (GEIP), junto con Holanda, Bélgica, Italia y Grecia. Estos dos últimos países ya anunciaron su decisión de no participar en la fase de desarrollo del Trigat.

La participación ofrecida a nuestro país era del 8% en la variante de 2.000 metros de alcance y del 1,7% en la de 4.000 metros. El primero será un misil tierra-tierra, transportable por un soldado, mientras que el segundo podrá ser lanzadi desde helicóptero o desde vehículo. En ambos casos se tratará de un misil guiado por láser y con gran capacidad de penetración contra blindajes.

El coste del misil de medio alcance para España rondaría los 30.000 millones de pesetas y el de largo alcance, unos 18.000; según expertos en la materia.

Fuentes del Ministerio de Defensa indicaron ayer que España no había realizado hasta ahora ninguna inversión en el programa, en el que estaba como mera observadora, aunque en los presupuestos de los años 1986 a 1988 figuraban 1.212 millones de pesetas para gastos de investigación en el mismo.

El Trigat es el primer proyecto armamentista multinacional al que el Gobierno español ha decidido renunciar. La decisión de abandonarlo se ha tomado, según medios de Defensa, teniendo en cuenta la necesidad de adoptar una política más selectiva ante este tipo de programas, optando por los más prioritarios y por aquellos que permitan rentabilizar al máximo unos recursos limitados.

Un elemento que ha pesado decisivamente en la renuncia ha sido el escaso atractivo del papel ofrecido a las empresas españolas, que sólo habrían podido actuar como subcontratistas del consorcio promotor del proyecto.