Los tiroteos obligan a aplazar la evacuación de 2.000 extranjeros del centro de Manila
ENVIADO ESPECIALMás de 2.000 turistas y residentes extranjeros continuaban anoche atrapados en hoteles y viviendas de un elegante barrio de Manila, escuchando los disparos entre tropas gubernamentales y soldados golpistas. Por la mañana parecía haberse llegado ya a un acuerdo para evacuar Makati, el distrito financiero y comercial de la capital de Filipinas que aún es feudo de quienes el pasado viernes dieron un golpe contra la presidenta Corazón Aquino. Cuando la operación estaba a punto de comenzar estalló un fuerte tiroteo que aconsejó a los retenidos cambiar de planes. Tres civiles murieron ayer víctimas de disparos, entre ellos una niña de seis años.
El negociador del Gobierno, el ministro de Turismo, Peter Garrucho, acusó a los golpistas de haber sido responsables del fuego cruzado que estalló a mediodía y que provocó el aplazamiento temporal de la evacuación. Los rebeldes negaron esa acusación. Es previsible, sin embargo, que se alcance un arreglo en las próximas horas, ya que los sublevados decidieron desde el primer momento no tomar rehenes.Se estima que el cerco de Makati, una zona donde se encuentran también varias misiones diplomáticas, afecta a 2.000 extranjeros (500 son clientes alojados en cuatro hoteles, la mayoría norteamericanos y japoneses) y a unos 3.000 Filipinos. Las autoridades ya habían dispuesto varios autobuses especiales para el traslado de los turistas a lugares seguros, pero éstos se resistieron a salir a la calle al ver cómo el barrio se convertía de repente en una zona de guerra.
El Gobierno cifró ayer en más de medio millar el número de soldados rebeldes que controlan todavía una veintena de edificios y hoteles de Makati. Son excelentes tiradores, procedentes del cuerpo de elite de los Rangers, y muchos se encuentran apostados en las azoteas de los rascacielos. Los jefes rebeldes conceden entrevistas a las emisoras locales en las que aseguran con dramatismo que están dispuestos a morir. La esposa de un coronel golpista hizo ayer un llamamiento por televisión a su marido para que se rinda.
La ocupación de Makati ha dificultado enormemente el aplastamiento de la rebelión militar. El Gobierno quiere evitar a toda costa un baño de sangre en una zona repleta de extranjeros. Algunos observadores no descartan que todo concluya con la muerte de los golpistas, aunque las medidas expeditivas no suelen encajar con la conducta de la presidenta Corazón Aquino, quien ayer manifestó de nuevo que no estima necesario decretar la ley marcial. La mandataria filipina quiere alejar el fantasma de su antecesor, el fallecido Ferdinand Marcos, quien durante casi 10 años mantuvo al país en estado de excepción.
Algunas voces daban ayer por segura la presencia en la zona de Makati del teniente coronel Gregorio Gringo Honasan, el hombre que hace dos años dio un golpe contra Aquino y que parece estar implicado también en este último. Honasan, un militar carismático y populista de 41 años que colaboró en el derrocamiento de Marcos en febrero de 1986, volvió ayer a pedir la dimisión de la actual jefa del Estado y la convocatoria de elecciones. "Lo que estamos haciendo es beneficioso a largo plazo para el pueblo filipino", afirmó el coronel rebelde. El Gobierno ha pedido a los medios de comunicación que no se hagan eco de las reivindicaciones de los golpistas.
Otro foco de rebelión persiste mientras tanto en la base aérea de Mactan, en Cebú, a 560 kilómetros al sur de Manila. Los amotinados allí son alrededor de 400 soldados y están encabezados por el general José Comendador. Desde hace varios días existen negociaciones con la mediación de la Iglesia para que los sublevados pongan fin a la ocupación de la base.
Por otro lado, el vicepresidente de la República, Salvador Laurel, llegó a última hora de ayer a Manila procedente de Hong Kong, donde se encontraba retenido desde el pasado fin de semana al sorprenderle el golpe fuera del país. Laurel, que es líder, junto al senador Juan Ponce Enrile, del opositor Partido Nacionalista, aseguró anoche que no ha tenido ninguna participación en la rebelión. También dijo que no aceptaría entrar en un Gobierno militar en el caso de que así se lo pidieran. Varios políticos colaboradores de Aquino sostienen que Laurel debe ser procesado por haber hecho fuera del país unas manifestaciones en las que no condena el golpe.
El presidente de EE UU, George Bush, llamó ayer por teléfono a Aquino para expresarle su preocupación por el peligro que corre la colonia norteamericana en Filipinas (40.000 soldados y cerca de 100.000 civiles), pero excluyó el envío de tropas que garanticen su seguridad.
