La Audiencia de San Sebastian juzgará al ex consejero vasco de Interior por las escuchas a Garaikoetxea

La Audiencia de San Sebastián ha ordenado la apertura de juicio oral contra el ex consejero de Interior del Gobierno vasco Luis María Retolaza como presunto autor de un delito de escuchas telefónicas al antiguo presidente del Ejecutivo autónomo Carlos Garaikoetxea. Un sargento y dos agentes de la Ertzaintza (policía autónoma), un alto funcionario del Gobierno vasco y un antiguo miembro de ETA,compartirán el banquillo de los acusados por el mismo delito. La fecha del juicio se fijará en breve.

Tanto la fiscalía como la acusación particular habían coincidido, en sus escritos de calificación, en solicitar el enjuiciamiento de Retolaza, dirigente histórico del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y consejero de Interior durante más de ocho años, primero con Garaikoetxea y después con José Antonio Ardanza. La escucha se produjo en agosto de 1986, en plena crisis del PNV, en el domicilio de Garaikoetxea en Zarautz (Guipúzcoa). La escisión del PNV dio origen poco más tarde a Eusko Alkartasuna (EA).El fiscal jefe de la Audiencia, Luis Navajas, y el letrado de la acusación particular ejercida en nombre del ex lehendakari, Javier Beramendi, se apoyan en la confesión de Martín Epalza, uno de los ertzainas acusados. Según Epalza, Retolaza estaba al corriente de la operación ilegal y tras su descubrimiento por Telefónica le propuso que "cargara él solo con el muerto".

Los otros implicados cuya condena piden las acusaciones son el jefe de servicio de la red oficial de comunicaciones del Gobierno vasco, Javier Aguirre Querejeta; el sargento de la Ertzairitza Joseba Goikoetxea; el agerite de la policía autonómica Juan Miguel Campoy y el antiguo miembro de ETA Javier Zumalde, conocido como el Cabra.

Autor de la conexión

Aguirre, hermano de un parlamentario autonómico del PNV, es considerado, junto a Campoy y Epalza, autor material de la conexión del teléfono de Garalkoetxea a otro número. Campoy es un experto de la Ertzaintza en escuchas telefónicas, y Epalza formaba parte en 1986 del grupo Ekintza, dedicado en la policía autonómica a operaciones encubiertas.El sargento Goikoetxea, un hombre de confianza del PNV, es el jefe del grupo Ekintza. Según las acusaciones, dio la orden inmediata para la intervención ilegal. Zumalde, ex militante de ETA, alquiló a través de su esposa el piso desde el que estaba previsto registrar las conversaciones. La grabación no llegó a efectuarse al boicotear Epalza el plan durante su ejecución y facilitar a unos compañeros un número distinto al que le habían dado en Interior. El teléfono de Garaikoetxea quedó conectado al de otro abonado, con el que se interfería.

El Cabra figuraba en 1986 en la nómina de la Diputación de Vizcaya como "agente forestal", pero fuentes del Gobierno vasco han reconocido que prestaba "servicios paralelos" a la Consejería de Interior. Las condenas máximas previstas en el Código Penal por un delito de escuchas son seis meses de arresto y 12 años de inhabilitación para las autoridades, sus agentes y funcionarios públicos. En el caso de particulares, la pena máxima son seis meses de arresto y multa de 150.000 pesetas.

José Gabriel Mariscal, defensor de Campoy y Aguirre, declaró ayer desconocer oficialmente la orden de apertura de juicio oral. El letrado adelantó que sostendrá en la vista la imposibilidad de demostrar la existencia de escuchas al haber hecho desaparecer empleados de Telefónica el cable de unión de los dos teléfonos, que considera "cuerpo del delito". Según Mariscal, la hora en que comenzaron a registrarse interferencias en los teléfonos afectados es anterior a la llegada de los ertzainas a la central de Zarautz.