El fiscal Justifica el registro en Ginetec por las sospechas de practicas abortivas ilegales
El fiscal Ángel Alcázar confirmó ayer a este periódico que la actuación judicial de registro llevada a cabo en la clínica ginecológica Ginetec, de Alicante, estaba motivada solamente por tener indicios de que en sus instalaciones se podrían haber practicado abortos ilegales. La única detenida relacionada con el caso, la ciudadana holandesa Tinen Steensha, quedó ayer en libertad.
Ángel Alcázar manifestó que las investigaciones llevadas a cabo por Fiscalía hacían pensar que en la clínica Ginetec se habían practicado numerosos abortos no incluidos en los tres casos que contempla la ley. Asimismo recalcó que el objeto de la investigación no va dirigido contra las mujeres que pudieran haber abortado ilegalmente, sino contra los responsables de la clínica.En el registro efectuado en Ginetec el pasado miércoles, la policía incautó cerca de 500 historiales clínicos referentes a interrupciones voluntarias del embarazo. El juez ordenó precintar el archivo de la clínica, no así sus instalaciones. A pesar de ello, la clínica permaneció cerrada durante todo el día de ayer.
La actuación judicial se extendió al Servei Valencià de Salut de Alicante, donde se incautaron los expedientes relativos a las peticiones de reintegro de gastos por las intervenciones realizadas en algunas de las mujeres atendidas por Ginetec, ya que la Seguridad Social no practica abortos.
La única detenida, la holandesa Tienen Steensha, quedó ayer en libertad bajo fianza. Vivía los últimos meses en un piso alquilado por Ginetec, en el que al parecer se encontró documentación comprometida. La holandesa negó en todo momento cualquier relación profesional con Ginetec.
La Clínica, sita en la céntrica avenida alicantina del General Marvá, es una sociedad mercantil, propiedad de tres socios. Ninguna de las fuentes consultadas supo explicar quién era la persona responsable de Ginetec en Alicante. Fuentes de la Fiscalía indicaron que en la clínica se cobraban 35.000 pesetas por abortos en embarazos de menos de ocho semanas y 45.000 pesetas hasta 12 semanas. Una trabajadora de Ginetec rebajó esta cifra a 25.000 y 30.000, respectivamente.
El registro practicado en Ginetec ha provocado la reacción de muchas de las mujeres atendidas en la clínica, la única en Alicante en la que se practicaban interrupciones del embarazo. Algunos sectores feministas han expresado su más ertégica protesta al considerar que la actuación judicial es un atentado contra la intimidad y la privacidad de las mujeres.
